Las inspecciones municipales emprendidas a principio de 2012 para perseguir el fraude en el Impuesto de Bienes Inmuebles ha permitido localizar cerca de tres mil unidades que o bien no tributaban como debían o simplemente, no estaban dadas de alta en el padrón y por tanto, no abonaban nada por el IBI. Esas revisiones, que aún no han concluido, han tenido su efecto en el censo catastral del Ministerio de Hacienda, pero en menos medida que lo esperado. Desde enero de 2012 hasta ahora, esa relación oficial del Estado refleja un aumento de apenas el 3%, al pasar de las 68.800 unidades de entonces a las 70.700 actuales, es decir, 1.900 más.
El mayor aumento se advierte en los inmuebles de uso residencial (un 10% más que entonces, hasta llegar a 40.180), y, en menos medida, en los comercios y oficinas, pero se observa un descenso brusco en los usos industriales ya que se cayó de 1.333 a 1.091, es decir, un 18% menos. Este balance se conoce en pleno periodo de pago del IBI, que se prolongará hasta el 9 de noviembre para todos aquellos contribuyentes que no tengan domiciliado el recibo. Para estos últimos casos, el cobro se realizará a principios de octubre. Llega también tras una orden de Hacienda que establece una actualización del valor catastral que podría elevar este impuesto en 2016. El volumen económico de recibos al cobro es de 16.735.070,03 euros, un 6,5% más alto que el padrón de 2015, que apenas rebasaba los 15,7 millones.
A principios de 2012, una empresa especializada comenzó a revisar, una a una, todas la s fichas del padrón municipal del IBI y la relación inmobiliaria de la Dirección General del Catastro. Más de tres años después esta auditoría ya se ha completado en todo el rural y en gran parte del casco urbano, y se registró una media de mil altas anuales, que no se reflejan en el censo de Hacienda bien porque ya figuraban, aunque con otra cuantía, o porque aún no se han dado de alta oficialmente.
