Los nubarrones que se cernían hace un año sobre el futuro de la Brigada Ligera Aerotransportable Galicia VII en Pontevedra parecen esfumarse de forma definitiva. Las directivas de las tres comunidades de montes a las que en noviembre del pasado año los tribunales devolvieron la propiedad de los terrenos sobre los que se asienta la base militar apuestan por aceptar la última propuesta de convenio que les ha trasladado el Ministerio de Defensa para la cesión de los terrenos. A la decisión adoptada por la junta rectora de Salcedo, conocida el martes, se sumaron ayer las de las directivas de las comunidades de montes de Figueirido y Vilaboa.

Las tres juntas rectoras no solo apuestan por dar el "sí" a la última propuesta de convenio remitida por el Ministerio. Además defenderán esta postura en las distintas asambleas que han convocado con el objetivo de los comuneros ratifiquen, o no, el acuerdo. El "sí" definitivo que permitirá la permanencia de la Brilat (cuyo impacto económico para la comarca se calcula en unos 40 millones de euros) está en manos de los socios de estas tres comunidades de montes. Las directivas se muestran confiadas en que el resultado de estas asambleas sea la ratificación del acuerdo con Defensa, pero insisten en no adelantar acontecimientos y en esperar a los resultados para dar carpetazo de una vez por todas a este asunto. Salvo una sorpresa mayúscula en las asambleas, parece que la continuidad de la Brilat en Pontevedra se da por garantizada.

En cuanto a los términos del convenio que Defensa ha planteado tanto a Figueirido como a Vilaboa, estos son los mismos que ya se conocen y que ofertan a los comuneros de Salcedo.

En el caso de Vilaboa, su presidente, Xabier Míguez, confirmó ayer que Defensa solicita a esta comunidad de montes la cesión de una superficie de 18 hectáreas mediante el pago de un canon anual de 1.800 euros por hectárea. Esto supondría unos 32.400 euros a sumar a los 129.600 euros que deberán pagar por las 72 hectáreas que solicitan a Salcedo. La directiva convocó a los socios a participar en una asamblea extraordinaria para decidir esta cuestión el domingo día 1 a las 11.00 horas.

Constantino Lamoso, presidente de la comunidad de montes de Figueirido, también tiene en sus manos el que cree que será convenio definitivo, aunque está pendiente de subsanar lo que considera "un error" en cuanto el número de hectáreas que solicita el Ministerio. Es por ello que por ahora prefiere no hacer público los datos de superficie que cederán a la base. En cualquier caso, confirmó que la posición de la junta directiva es favorable a la aprobación del convenio y que la base continúe en la actual ubicación. Las condiciones son exactamente las mismas que las ofrecidas a Salcedo y Vilaboa. También en cuanto a la duración del convenio, que sería por un periodo de 75 años. La cuantía del canon también será revisable en función el IPC cada cinco años. En su caso la asamblea se celebrará el sábado a las 18 horas.

Dado que el convenio con Salcedo establece la liberalización de unas 100 hectáreas de monte comunal en esta parroquia pontevedresa en las que realizaban maniobras los militares, Defensa explicó que debería echar mano de terrenos de una cuarta comunidad de montes ajena a las reclamaciones judiciales formuladas por las tres anteriores como es el caso de San Xulián de Marín. Sin embargo, el presidente de este colectivo explicaba ayer que oficialmente no habían recibido la última propuesta de convenio como ocurría con las otras tres comunidades de montes. En cuanto la reciban, y si lo consideran oportuno, también lo someterán a la votación de sus socios en asamblea. Desde este colectivo siempre se mostraron proclives a que la Brilat continuase en su actual ubicación si el convenio ofrecía unas condiciones aceptables para la comunidad de montes.

Así las cosas, la firma definitiva del convenio entre las comunidades de montes y Defensa parece cada vez más cerca de forma que pondría fin a la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentra la base desde que el pasado año la Audiencia confirmara que los terrenos que ocupa son de propiedad comunal.