El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el concello sellaron ayer un acuerdo por el cual la Xunta construirá alrededor de 160 pisos de protección oficial en cuatro parcelas municipales de A Moureira, Valdecorvos y Tafisa. La concejala Teresa Casal y el director xeral del IGVS, Antonio Boné Pina, dieron con cerrado un pacto que ya se había alcanzado con el anterior Gobierno bipartito por el cual se renunciaba a construir más viviendas sociales en Monte Porreiro, al estimar que el barrio ya reúne un elevado número de este tipo de inmuebles, y se decidía diseminar los futuros proyectos por el resto del casco urbano.

El convenio, que será firmado por el alcalde Miguel Fernández Lores y el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, parte de la cesión de nueve parcelas, propiedad del IGVS en Monte Porreiro, con una superficie de 20.366 metros cuadrados. El concello, por su parte, entrega a la Xunta un solar en la rúa de A Barca en la que se levantará un edificio de viviendas de promoción pública, mientras que en el bajo se habilitará un local para usos sociales. Asimismo, el Instituto construirá otro bloque de pisos sociales a escasos metros, entre la calle do Urco y el campo do Boi, donde el concello cederá otra parcela. En ambos proyectos se calcula que se podrán levantar unas 45 viviendas. Además, el IGVS se compromete a urbanizar el entorno hasta un máximo de 280.000 euros.

Para jóvenes

En el polígono de Valdecorvos, a su vez, se entregará a la Xunta otra parcela municipal de 3.220 metros cuadrados para la construcción de otras 54 viviendas, todas ellas de promoción pública, que se sumarán a las 136 proyectadas ya por el Ejecutivo gallego en un espacio residencial donde se levantarán otros 400 pisos con algún tipo de protección, aunque de promoción privada.

Finalmente, en los terrenos de Tafisa se procederá a la cesión de otro solar municipal para el mismo fin. Casal propuso a Boné la posibilidad de que ese inmueble se destine a alojar estudiantes del campus. Entre las posibles opciones figura el destino de todo el edificio a apartamentos en régimen de alquiler para menores de 35 años, con lo que se podrían ejecutar entre 60 y 70 viviendas.