Tres años después del inicio de las gestiones para que Ourense contara con su primer centro para personas discapacitadas mayores de 21 años y se creara la Plataforma ProCapd integrada por padres de futuros usuarios y distintos colectivos ciudadanos, la obra empezará todavía en el primer cuatrimestre de 2020. Sin embargo no hay garantía de que se vaya a cumplir uno de las principales reivindicaciones de los demandantes: que el centro, además de ser público, sea gestionado por una empresa pública y no se adjudique a una firma privada, cuyo principal objetivo será el lucro.
Por este motivo ediles del PSOE, BNG y Ciudadanos comparecieron ayer ante la delegación de la Xunta en Ourense para anunciar que llevarán al pleno del próximo 4 de noviembre una moción solicitando a la corporación municipal que inste a la Xunta de Galicia a que se garantice la gestión pública del Centro de Ayuda a Personas Discapacitadas para mayores de 21 años de Ourense.
Esta reivindicación se realiza de la mano de las madres y padres que integran la plataforma ProCapd, junto con las centrales sindicales y los partidos con representación parlamentaria, y que luchan hace años por un centro público digno para sus hijos.
Tanto DO como el PP firmaron el manifiesto de creación de la plataforma en el año 2016 asumiendo las demandas de las familias de que el centro fuera "público y de gestión pública". Después de más de 3 años y numerosas reuniones de la plataforma con los delegados territoriales y conselleiros de la Xunta, "el PP solamente realizó una licitación rápida con fines "electoralistas", tal y como afirmó la concejal socialista, Conchi García.
Entre otros, le acompañaban José Araujo en nombre de Cs, Ruth Marina Reza, del BNG, y Rafael R. Villarino, del PSOE. Afirmaron que ahora el Gobierno gallego anuncia una licitación rápida a comienzos del 2020 para los "réditos partidistas" de Feijóo pero lamentaron que "incumplirán los plazos para la apertura del centro".
Por otro lado desde la creación de la plataforma y el comienzo de las movilizaciones de los familiares y los partidos políticos, "el gobierno de Feijóo solamente respondió con retrasos y partidas presupuestarias sin invertir", apuntó ayer García.
Además, recordaron que el pasado día 15 de octubre las familias acudieron a la comisión de discapacidad en Santiago donde, una vez más, la conselleira de política social, Fabiola García, siguió sin ser "clara" y sin determinar si la gestión del centro "será pública".
La moción pide que se cumplan los plazos de la puesta en funcionamiento del centro y que se ajusten los puestos de empleo público con el número de plazas de usuarios ofertadas. "Es la única provincia gallega discriminada en esta materia", concluyen.
