Hoy, coincidiendo con la fecha de promulgación de la ley de justicia gratuita, la abogacía celebra en toda España el día del turno de oficio. El colegio de Ourense instala este viernes una mesa informativa en la calle del Paseo para que los ciudadanos conozcan su labor y "un servicio público gratuito, que está al nivel de la sanidad, que garantiza la paz social, la justicia y el principio de igualdad ante la ley y el acceso de todo el mundo al derecho de defensa. Es un pilar del Estado de Derecho. Europa aplaude la justicia gratuita española. Es necesario que las administraciones se conciencien de que es necesario invertir en este servicio público", defiende Esperanza Fernández, vicedecana y responsable del turno en el Colexio da Avogacía de Ourense. En la provincia, de los 707 profesionales en ejercicio -el censo ha caído, pero menos que el 20% de bajas en el conjunto de Galicia-, un total de 350 están en el turno, lo que supone un 49,5% del total, la mitad. En los 83 colegios de España hay 46.130 letrados que colaboran con la justicia gratuita, uno de cada tres de los 143.205 en total.
En Ourense son 187 hombres y 169 mujeres, pero la tendencia se invierte en la especialidad penal de Violencia de Género, con 70 mujeres de un total de 122 profesionales inscritos. El censo del turno ha caído con respecto a los 373 de 2018. "El abogado de oficio tiene un gen especial, da todo a cambio de muy poco y está acostumbrado a remar contracorriente y a los sinsabores. Es posible que haya gente que se desanime, aunque lo normal es que estemos siempre si hay vocación", asegura la vicedecana.
Es imprescindible tener al menos 3 años de experiencia, superar un curso, un examen, las prácticas y seguir una formación continuada. Muchos letrados que forman parte del sistema de justicia gratuita llevan décadas en el servicio.
La cobertura está garantizada, con asistencia gratuita de procurador y abogado, sin pago de costas, tasas de recurso o periciales, para los colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género o del terrorismo, para personas con discapacidad o menores víctimas de abuso o maltrato. Está abierta además a nacionales, extranjeros e inmigrantes ilegales según su nivel de ingresos. Si la unidad familiar está formada por una sola persona, no pueden superar los 12.908,06 euros anuales -equivalente a dos Iprem mensuales-, los 16.135,075 en el caso de una familia de dos o tres miembros. El umbral sube a 19.362,09 en las numerosas.
Una comisión en la que tienen voz procuradores, abogados y Xunta analiza cada caso para decidir si el demandante cumple los requisitos para beneficiarse de la justicia gratuita. En 2018 se registraron 4.245 solicitudes, de las que se autorizaron 3.651 (el 86%) y se desestimaron algo más de 600. El colegio destaca la "alta satisfacción" de los usuarios con el servicio. El año pasado solo se presentaron 68 quejas, únicamente una se derivó a la comisión deontológica y finalizó sin imposición de sanción.
A nivel nacional, la inversión en justicia gratuita volvió al nivel previo a los recortes de la crisis, con 269 millones en todo el Estado, un 10,6% más en un año. En Galicia, en cambio, la inversión bajó por el impacto de la huelga de funcionarios de justicia, de casi 4 meses. Pasó de los 10,1 millones de 2017 a los 9,7 de 2018, un 3,5% menos.
Efectos de la huelga judicial
En Ourense, el año pasado, los profesionales del turno de oficio llevaron a cabo un total de 4.488 actuaciones: 2.031 designaciones de procedimientos -en familia, contencioso y social, el cliente puede elegir al letrado- y 2.457 asistencias a detenidos e investigados. Casi 3.000 de esas intervenciones fueron en el partido judicial de la capital de provincia y su comarca. La huelga de los funcionarios también es la razón de una caída de actuaciones en el turno con respecto a 2017. En aquel año hubo 4.828 en total, un 7% más que en 2018.
La Xunta abona al colegio, el trimestre siguiente, los importes certificados por los abogados de sus actuaciones. La cifra en Ourense fue de 1,023 millones el año pasado y de 1,096 millones en 2017. Con un baremo que establece en 112 euros la asistencia un detenido o preso, en 500 euros un caso por jurado, en 345 un procedimiento penal abreviado o en 240 un proceso de familia de mutuo acuerdo, los profesionales reivindican subidas y que se pague todo el trabajo efectuado. Por ejemplo, si una instrucción penal finaliza en archivo, el letrado de oficio no cobra -salvo si la causa comenzó con una detención, cuya asistencia sí se abona-, con independencia del tiempo y esfuerzo dedicados. La media nacional de ingresos por caso y abogado son 142 euros. "Si queremos dignificar la labor hay que compensar al abogado de oficio dignamente".
Caminata por el Miño
Otra de las actividades en la semana de la justicia gratuita se celebra el domingo. La agrupación de jóvenes abogados de Ourense, presidida por Yolanda Ramos y con un centenar de asociados, organiza por quinto año una caminata de 10 kilómetros por el Miño, con salida en O Tinteiro. Es gratuita y abierta a toda la ciudadanía.
