"Orgulloso" de los proyectos de remodelación de la calle Bedoya y la Plaza de Paz Nóvoa que renovaron la imagen urbana en pleno centro de la capital, el edil de Infraestructuras del Concello de Ourense en 2008, Andrés García Mata, defendió ayer ante la juez del Penal Uno de Ourense que desconocía que el procedimiento por el que se adjudicaron las obras no se ajustaba a la legalidad. Tampoco conocía, dijo, a las tres empresas invitadas, supuestamente vinculadas entre sí.

La vista oral en la que se enfrenta a una petición de ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación devuelve al exteniente de alcalde del BNG a la esfera pública casi once años después de que se celebrase la junta de gobierno local que aprobó tramitar el expediente de contratación por el procedimiento negociado y sin publicidad para los dos proyectos. La opción correcta en ambos casos, que supusieron un coste para el ayuntamiento de 592.793,51 euros en Bedoya y de 434.812,36 en Paz Nóvoa, habría sido el procedimiento abierto.

García Mata defendió que el expediente "se ajustó a la legalidad" y aludió en su declaración al contexto en el que se produjeron los hechos. La Xunta había concedido sendas subvenciones que cubrían el 65% de la inversión para la obra de Bedoya y el 60% en el caso de Paza Nóvoa, y el plazo para la certificar la ejecución se agotaba el 31 de octubre de 2008. Ante la inminecia de la fecha, el exedil de Infraestructuras convocó una reunión informal a finales de agosto para abordar posibles soluciones a la que asistieron el interventor municipal, el asesor jurídico, la jefa de negociado y un asesor del grupo político.

Las versiones sobre lo que ocurrió en ese encuentro son extremas. El acusado aseguró que no recibió ninguna advertencia de ilegalidad y su asesor lo corroboró en la testifical. De hecho, García Mata indicó que de haberlo sabido, "no lo habría hecho". El asesor político tampoco recuerda referencias contrarias y asegura que salió de la reunión con la "convicción" de que la modalidad del procedimiento negociado y sin publicidad "era válida por la premura".

En el otro extremo, el interventor municipal aseguró que tanto él como el asesor jurídico advirtieron "verbalmente" de que "el procedimiento no era el adecuado" y anticipó al entonces edil que las facturas serían objeto de reparo. Respecto a la urgencia a la que alude el acusado, el funcionario aclaró que se trata de una justificación "de oportunidad" pero no de legalidad porque un expediente de este tipo habría requerido informes preceptivos del aseror jurídico y del interventor que no llegaron a incorporarse. En su caso, aclaró, porque "el expendiente no se remitió a Intervención".

La jefa de negociado también recuerda que ambos funcionarios expusieron que no existía en la Ley de Contratos del Sector Público un supuesto que amparase el procedimiento tal y como se planteó. El asesor jurídico, que llegó a estar investigado en esta causa, testificará hoy en la segunda y última sesión de la vista, a la que también están citados los dos exalcaldes socialistas Francisco Rodríguez y Agustín Fernández.

El 4 de septiembre, pocos días después de la reunión, Andrés García Mata presentó el expediente a la junta de gobierno local que entró fuera del orden del día. El oficial mayor explicó que, dada la cantidad de asuntos que llegaron por esa vía, por la cual sólo tiene un margen de 24 horas para revisar los aspectos procedimentales, no llegó a ver que el expediente carecía de los dos informes preceptivos. Explicó ayer que ni el interventor ni el asesor jurídico estaban presentes en la junta y que el expediente fue presentado por el propio concejal y aprobado.

La Fiscalía,difiere completamente de la versión del exedil y sostiene que García Mata tenía "pleno conocimiento de que el procedimiento negociado y sin publicidad no podía aplicarse". A pesar de ello, añade en su escrito de acusación, "antepuso su propia voluntad y ordenó redactar con el auxilio del técnico jurídico sendos pliegos de condiciones para la contratación de las obras". Los expedientes, añade la fiscal, omitieron trámites esenciales como la justificación técnica y motivación de la causa de urgencia y los informes preceptivos del asesor jurídico y del interventor. Con su actuación, destaca la fiscal, "limitó los principios de libre concurrencia y publicidad, tras haber eliminado conscientemente los mecanismos que la legislación establecía".