El administrador de una inmobiliaria fue trasladado ayer, desde el centro penitenciario a la Audiencia Provincial de Ourense -está por otros hechos-, para enfrentarse a un juicio por un presunto delito de estafa, que él niega. La fiscal mantuvo la acusación y solicita 5 años de prisión para el acusado, a quien el ministerio público culpa de apoderarse presuntamente de 123.000 euros que le entregó el comprador de una vivienda, de los que el encausado devolvió 25.000 euros. Él dice que hizo una operación normal y cobró una comisión. Según el ministerio público, se hizo sin el conocimiento de los dueños del inmueble y la víctima se enteró de que la vivienda estaba gravada con dos hipotecas y tenía dos embargos. El acusado dice que lo desconocía. La defensa pide la absolución. El juicio quedó visto para sentencia.
