La dimensión de la problemática del "catastrazo " la resumía la concejala de Hacienda, Ana Fernández Morenza, al manifestar que se trata de "un marrón muy serio", en alusión a que la labor del concello es de "mero recaudador", pero sin capacidad para decidir. Es por eso que, además de entender la preocupación de los ciudadanos por la regularización, advierte que por parte del Gobierno central "se anunció esa regularización catastral de oficio que los concellos tenemos que acatar".
Sostiene Morenza que por parte del gobierno municipal "se pondrán todos los medios con que contamos para que los ciudadanos tengan toda la información", y sobre todo los pasos que deben seguir para defender sus derechos.
En cuanto a la petición de certificaciones sobre la vigencia del plan, advierte que se trata de una regulación catastral y no urbanística, aunque entiende que tienen derecho a presentar las alegaciones que consideren oportunas, debido a que la anulación del plan de 2003 llevó a que la calificación cambiase y se debe tener en cuenta el que está vigente, el de 1986. Aunque aclara que las construcciones están en suelo urbanizado y registrada, por lo que se trata de un proceso complejo.
