Dentro de un mes, entre los días 17 y 25 de septiembre, la Audiencia Provincial de Ourense tiene previsto juzgar a diez acusados por la mayor trama de estafas a compañías de seguros -mediante la simulación de siniestros de tráfico- que se ha detectado hasta la fecha en la provincia. El juicio ya estaba señalado para el pasado mes de mayo, pero quedó suspendido por un compromiso previo de uno de los abogados. La espera es habitual en el procedimiento: la vista llega ocho años después del inicio de la instrucción -al principio, bajo secreto de sumario- en el juzgado de Trives.
La Guardia Civil de Ourense deshizo una intrincada madeja, siniestro por siniestro, para desarticular una trama que presuntamente operó durante años dando partes fraudulentos de accidentes para cobrar cuantiosas indemnizaciones. Los investigadores del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Judicial, apoyados en el GIAT y otras unidades, destaparon la red. El ministerio público solicita 13 años de prisión para el presunto cabecilla, S. A. G., el encargado de un taller de A Valenzá (Barbadás).
Solo él habría sido el presunto responsable de 36 hechos delictivos, pero la defensa rebatirá. Junto al ideólogo, de 52 años, se sentarán en el banquillo otras nueve personas. El volumen del fraude ha variado a lo largo de la instrucción. Según la responsabilidad civil que pide la Fiscalía, fue de 350.000 euros, pero los investigadores de la Guardia Civil sospecharon una cifra aun mayor: más de 600.000 euros, mediante accidentes nunca producidos, robos falsos e incluso daños autoprovocados con un tractor o una retroexcavadora -según informó al destapar el caso-, así como un incendio deliberado.
Se juzgan múltiples delitos: estafa en el tipo simple y también en el agravado, receptación, simulación de delitos, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial. Durante las pesquisas de la Policía Judicial, el número de sospechosos creció hasta medio centenar, entre los detenidos e investigados, incluyendo a profesionales y clientes. La relación se redujo tras seis años de instrucción a una decena, aquellos contra los que la Fiscalía apreció indicios más serios.
La investigación comenzó en 2010 y se mantuvo hasta el año siguiente bajo secreto de actuaciones. El caso saltó a la luz hace 7 años, con los registros del taller del principal acusado y las primeras detenciones. S. A.G. pasó tres meses en prisión preventiva y quedó libre a mediados de 2011 tras pagar una fianza de 20.000 euros. En la fase inicial también fueron detenidos su mujer, una secretaria y dos empleados.
La dificultad de este juicio reside en acreditar, uno por uno, las decenas de hechos sospechosos. Accidente por accidente, parte por parte, pericial por pericial. El procedimiento tiene 18 tomos. Los siniestros presuntamente falsos ocurrieron entre 2006 y 2011.
Junto a S. Á. G. -se enfrenta a 13 años más una multa de 24.900 euros por todos los delitos contemplados en la causa-, van a juicio J. I. M. B. -afronta 2 años y medio por estafa-, N. M. L. -2 por estafa en concurso con falsificación-, C. F. L. -3 años por estafa más una supuesta simulación-, D. M. L. -piden un año y medio por estafa-, M. P. A. -3 años por estafa en concurso con falsificación-, así como M. L. G. G. -5 meses y 29 días de prisión por tentativa de estafa en concurso con simulación de delito-, F. C. M. -2 años por estafa en concurso con falsificación-, S. C. Á. -año y medio por estafa-, además de M. D. S. C., la esposa del presunto ideólogo, que se enfrenta a 1 año y 9 meses por estafa en concurso con falsificación. Los diez acusados podrían ser condenados a penas que totalizan más de 30 años de prisión. Ninguno tiene antecedentes.
El fiscal del caso, Mario Brualla, sostiene en su escrito -registrado ya a finales de 2016- que "los acusados, de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros, dieron a las compañías aseguradoras partes de accidentes de tráfico no reales, aprovechando que S. tenía un taller de compraventa y reparación de vehículos en A Valenzá y también que el acusado F. , aunque en menor medida, tenía un hermano con otro taller".
36 accidentes "se fingieron"
Los investigados presuntamente "fingían inexistentes siniestros" para reclamar y conseguir en varios casos una indemnización por el siniestro total o por la reparación del vehículo. El fiscal enumera 36 hechos como ejemplos de siniestros de tráfico que "se fingieron": salidas de vía, lesiones inexistentes y colisiones; todos localizados falsamente en distintos lugares de la provincia. En ocasiones, el principal implicado trasladaba el vehículo en una grúa particular para depositarlo en el lugar del siniestro nunca ocurrido.
En los registros al principal implicado se hallaron objetos robados, en cuya obtención ilegal no consta que hubiera sido responsable, según el fiscal. La Guardia Civil encontró una retroexcavadora sustraída en Segovia en 2009 y un Dumper robado en 2007 en Madrid. También un BMW X5 a nombre de la esposa que en realidad se trataba de otro de la misma marca y modelo, robado en Alemania. Había cambiado la matrícula y el número de bastidor.
Según la acusación, el cabecilla y otros dos imputados participaron presuntamente en la simulación del robo de un Mercedes en Madrid. S. habría falsificado varios partes amistosos de accidentes, actuando "solo en algunos casos, y en otros en connivencia con otros acusados". Casi siempre la trama llegó a cobrar por los falsos siniestros. El fiscal pide que el principal acusado indemnice él solo a tres compañías aseguradoras por un importe total de 178.368,42 euros. De otras cantidades tendrían que responder solidariamente con otros encausados. El total de la responsabilidad civil que pide el ministerio público, y que da la medida del fraude, alcanza los 348.800 euros.
