Once ourensanos acusados de haber cometido delitos contra la salud pública por tráfico de drogas --cocaína y hachís-- han reconocido ser autores de los hechos durante una vista oral celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Ourense, donde han aceptado penas de hasta tres años y medio de prisión.

La petición inicial de la Fiscalía incluía condenas de entre dos años y diez años de prisión por delitos de pertenencia a un grupo criminal organizado y por blanqueo de capitales, además del de tráfico de drogas.

Sin embargo, ambas acusaciones han sido retiradas por el Ministerio Público al considerar que no había pruebas suficientes para mantener dicha acusación.

Los tres acusados principales --dos de ellos en prisión preventiva desde hace más de año y medio- enfrentan penas de tres años y medio de prisión y una multa en concepto de responsabilidad civil que asciende a 58.000 euros. Además, la Fiscalía ha solicitado para seis de los once procesados una pena de dos años de cárcel y multas de 10.000 euros, 6.000 euros y 500 euros.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha pedido para uno de los procesados una condena de un año y medio de prisión y una multa en concepto de responsabilidad civil que suma 500 euros. También ha solicitado en su acusación una pena de 10 meses de cárcel y multa de 500 euros al último de los acusados, diagnosticado de un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sustancias estupefacientes.

De esta manera, dos de los tres acusados principales deberán continuar en prisión preventiva, situación en la que se encuentran desde hace más de año y medio. Además, tendrá que ingresar en la cárcel de forma provisional la tercera persona de las principales procesadas en el caso.

Venta y distribución de droga

De acuerdo con el escrito fiscal, los agentes de la Guardia Civil adscritos al grupo de delincuencia organizada y antidroga, que mantenían desde abril de 2016 una investigación dirigida a descubrir a un grupo de personas que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en Celanova, recurrieron a la intervención de las líneas telefónicas de los principales sospechosos para la resolución del caso.

A raíz de las escuchas, los agentes comprobaron que la forma de realizar las entregas de la cocaína y del hachís era, en unos casos, mediante llamadas que previamente hacían los consumidores a los teléfonos de dos de los acusados, citándose éstos con los mismos en diversas partes de Celanova y, en otros casos, los compradores se acercaban a su vivienda tirando los acusados la droga a la calle desde el balcón de la casa.

Asimismo, la intervención de las líneas telefónicas permitió conocer a la Benemérita que dos de los tres acusados principales habían formado y captado a otras personas residentes también en Celanova para llevar a cabo con impunidad su labor de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Según ha reconocido el fiscal al término del juicio, la mayoría de los acusados no tienen antecedentes penales, por lo que se les puede aplicar la suspensión de la ejecución de la pena.

Un ''buen'' acuerdo

El fiscal del caso, Carlos Valenzuela, ha asegurado minutos más tarde de terminar la vista oral en la Audiencia Provincial de Ourense que el acuerdo al que ha llegado con los diferentes letrados de las defensas es "bueno".

"Para la Fiscalía, es un buen acuerdo, ya que de dos de los acusados solamente teníamos las grabaciones telefónicas en las que se ponía de relieve que participaban de una forma importante en la distribución de sustancias estupefacientes, en concreto, cocaína, pero no se les había encontrado droga en su poder", ha añadido.

En esta misma línea, el representante del Ministerio Fiscal ha subrayado que es "importante" haber conseguido un acuerdo "en el que se den argumentos al tribunal para poder condenar a los procesados".

Finalmente, ha apuntado que poner de acuerdo a diez abogados --uno de los letrados representaba a dos acusados-- "no fue fácil", ya que "todo el mundo trata de conseguir el mayor beneficio para su defendido". "Después de largas y arduas conversaciones, hemos podido plasmar este acuerdo", ha concluido el fiscal.

Así las cosas, el juicio ha quedado visto para sentencia después de celebrarse tan solo una de las dos sesiones previstas tras el reconocimiento de culpabilidad por parte de los once acusados y la conformidad mostrada por los letrados correspondientes de no considerar necesaria la continuación de la vista oral tras la jornada de este lunes.