Desde que fue detenido por la Interpol en Venezuela, el 2 de abril, el economista fugado Alberto Jesús López Rodríguez ha cambiado de abogado en dos ocasiones. El tercer profesional que lo asiste en el proceso contra la petición de extradición ha registrado sus alegaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia del país latinoamericano. También ha presentado su documentación la fiscal del caso, que remitió dos diligencias, según una publicación de 29 de mayo del órgano judicial. El trámite de entrega a España del investigado en dos causas en Ourense requiere una audiencia oral previa.
Alberto López lleva 2 meses y 9 días recluido en la sede de Interpol en Parque Carabobo, en Caracas, la capital venezolana que pertenece al Estado de Miranda. Hace unos días, tras varias semanas sin más noticias que la confirmación de los acuses de recibo, el Ministerio de Justicia confirmó al magistrado de Instrucción 2, Luis Doval -asume ambas investigaciones contra López y pidió su extradición y entrada en prisión- que había iniciado los trámites para la entrega del fugitivo, sin precisar la fase concreta del proceso.
El 21 de mayo, llegó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Superior de Justicia del país latinoamericano la "solicitud de extradición pasiva del ciudadano Alberto Jesús López Rodríguez, requerido por el Reino de España". La petición de entrega del investigado fue remitida por la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
En Ourense lo reclama con una orden de prisión el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, por la supuesta malversación de cuentas de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño -afrontaría penas de 4 a 8 años de cárcel- y para que además pueda ir a juicio por el caso de la ayuda a domicilio, en el que también están investigados su exsocio José Troncoso y la exconcejala de Benestar, Marga Martín (PSdeG).
A Alberto López se le perdió la pista en agosto. Un mes antes, en julio, el economista había comparecido ante el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Sin esperar a que el ministerio público se querellase, se marchó de España. El riesgo de fuga por el que la Fiscalía ya pidió la prisión en octubre pasado parece haber quedado demostrado. En todo caso, cuando sea extraditado, deberá celebrarse una comparecencia judicial en la que se decida si va a prisión preventiva.
