Está en prisión preventiva porque las autoridades lo consideran un presunto maltratador "peligroso". La situación de la víctima, protegida en una casa de acogida para mujeres que sufren violencia machista, está clasificada con riesgo extremo. S. R. G. D., de 45 años, iba a ser juzgado ayer pero la vista quedó suspendida. Está acusado de dar una paliza a la que era su pareja, a la que tenía prohibido acercarse. La Fiscalía solicita un año de prisión y que se le imponga una orden de alejamiento -de su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre- y comunicación -por cualquier medio- durante un periodo de 3 años, tiempo en el que tampoco podría tener armas.
El individuo cuenta con antecedentes penales, aunque la Fiscalía no aplica la circunstancia agravante de reincidente en su acusación. En julio de 2016, fue condenado como autor de un delito de quebrantamiento de condena por el juzgado de Instrucción Número 2 de O Barco de Valdeorras.
Según el relato de hechos que recoge el ministerio público en su escrito de calificación, el acusado se encontraba sobre la 1 de la madrugada del 4 de enero de este año en el domicilio de la mujer que era su pareja, a pesar de que existía una prohibición de aproximación y comunicación dictada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de O Barco, y notificada por última vez en el mes de noviembre de 2017.
Además de hacer caso omiso a esta resolución, presuntamente el individuo empezó a dar golpes y empujones a la mujer por todo el cuerpo. Le causó varios hematomas en el área temporal izquierda de la cabeza. De acuerdo al informe de sanidad emitido por el médico forense del Instituto de Medicina Legal (Imelga), la víctima tuvo que recibir una asistencia médica. Tardó en recuperarse de las lesiones un total de 15 días, en 5 de los cuales estuvo impedida para el desempeño de sus ocupaciones habituales.
El acusado lleva en situación de prisión preventiva desde que fue detenido y puesto a disposición judicial el mismo día de los hechos, el 4 de enero de 2018. La Fiscalía pide que indemnice a la víctima con 600 euros por las lesiones y las secuelas causadas.
