Después de reiteradas peticiones por parte de los grupos de la oposición, la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza, arrojaba luz sobre la controversia surgida a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a las devoluciones de plusvalías cobradas de forma indebida. Y fue en la junta de área en la que trasladó "datos reales y objetivos" que constan en el concello, y que vienen a poner de manifiesto que son 176 las reclamaciones por plusvalías, por un importe de poco más de un millón de euros.
Además, la responsable de Hacienda aseguró que los técnicos municipales estiman después de un "estudio previo, que el 90% de esas reclamaciones deberían ser desestimadas", debido a que no aportan ningún documento o prueba que acredite la pérdida de valor, único motivo que daría lugar a una devolución de lo cobrado por el concello, según las sentencias del Tribunal Constitucional.
Y aprovechó la ocasión Fernández Morenza para señalar que "desconocemos de donde salieron los datos erróneos de que había más de 3.000 reclamaciones y que eso llevaría consigo devoluciones millonarias". Y proclamar que "los hechos son los hechos: nosotros seguiremos demostrando nuestra seriedad, nuestro rigor y que somos futuro".
Pero si la edil de Hacienda evitó señalar a nadie sobre los datos que se habían dado en relación a está cuestión, desde la Federación Gallega de Empresa Inmobiliarias (FEGEIN) se aclaró ayer que se habían limitado a realzar unos cálculos de las personas que podrían reclamar, en lo que se refiere a los últimos cuatro años por ese cobro indebido de plusvalías.
Así, concretaba que el concello había recaudado 18 millones de euros en concepto de plusvalías al cierre de 2017, con posibilidad de reclamación estimada de algo más de 2.500 ourensanos afectados con una devolución media de 7.000 euros.
Además de advertir que el concello desde el 1 de enero de 2011 ha estado aplicando a la base imponible del impuesto "incremento ficticio del valor de los terrenos" un porcentaje del 26%, muy próximo al máximo establecido por la normativa de Haciendas Locales. Y añadir que como quiera que derecho a evolución de ingresos indebidos se extiende a los años en los que no concurra prescripción -los cuatro años-, cabe prever la existencia de un gran número de ciudadanos afectados por una tributación "viciada de inconstitucionalidad" y, por tanto, "anulable", que calculaban sería de 2.800 personas en Ourense.
Eso llevó a la Fegein a pedir la suspensión cautelar de las liquidaciones definitivas de la plusvalía municipal y la devolución automática de los importes cobrados por ese tributo en los casos que no consta incremento real del valor de los terrenos en el periodo liquidado. Y advertir que el concello dispone de todos los datos necesarios para realizar esas devoluciones.
