El exgerente de Aspanas, asociación de padres de personas con discapacidad intelectual, Juan José Rodríguez Fernández, declaró ayer ante la juez del Penal Dos de Ourense que la junta directiva de la entidad social era conocedora de las operaciones bancarias que realizó en 2013 actuando como representante legal de Aspanas Termal, entidad vinculada de la que era gerente su mujer.
Movimientos, alegan la Fiscalía y la acusación particular, provocaron un perjuicio económico que agravó todavía más la complicada situación financiera que soportaba la entidad, que en noviembre de 2015 entró en concurso de acreedores. Fue la matriz Aspanas la que tuvo que responder ante los bancos por los préstamos contraídos, así como por el contrato de factoring que Aspanas Termal firmó con el BBVA, por importe de 166.887,99 euros.
El juicio arrancó ayer con la declaración del acusado y el testimonio de los testigos y peritos, y concluye hoy con las conclusiones de las partes. Aspanas actúa como acusación particular y ha pedido una pena de ocho años de prisión para Juan José Rodríguez, cinco por administración desleal y tres por delito societario. La Fiscalía calificó sólo por este último delito y solicitó una pena de dos años de cárcel. La defensa, por su parte, ha pedido la libre absolución al no apreciar irregularidades en la gestión económica puesta en duda, argumentando que la propia entidad había otorgado en 2012 un poder al acusado que incluía la capacidad de suscribir contratos y operaciones.
No obstante, la junta directiva de Aspanas asegura que el exgerente actuaba por aquel entonces a sus espaldas. La presidenta, Antonia Masid, lo ratificó ayer en su declaración como testigo. Aseguró que cuando su equipo se puso al frente de la asociación, en febrero de 2013, pidió que se comunicase a la junta directiva cualquier decisión o acción que se llevase a cabo.
Pero tal y como refieren la Fiscalía y la acusación particular, en abril de ese mismo año, el acusado suscribió un contrato por el que la asociación Aspanas se constituía en garante de Aspanas Termal, de la que era gerente su mujer, por importe de 166.887 que la entidad financiera había concedido a esta última sociedad como anticipo de una subvención del coste salarial. La propia Rosa Carrera, que ayer declaró como testigo en el juicio, indicó que en ese momento "teníamos 140 nóminas a las que hacer frente" por lo que decidieron recurrir al contrato porque "no podíamos dejar de pagarle a los trabajadores". Recordó que en ese momento la situación era compleja "con un ERE en Amencer Reciclado y pancartas en la calle". Explicó que el acuerdo se firmó a un año, por lo que la cantidad debía ser reintegrada en marzo de 2014. No obstante, no se hizo y, y vencido el plazo, tal y como relata la acusación particular, "la entidad bancaria procedió a su reclamación judicial decretándose el embargo de todos los bienes de la asociación".
La segunda operación bancaria por la que se dirige la acusación contra el exgerente de Aspanas tiene que ver con la pignoración de 100.000 euros en una cuenta bancaria de la que él era el único autorizado. La fiscal señala que el acusado "no informó" a la junta directiva del depósito de esta cantidad y de su posterior pignoración a favor de Aspanas Termal hasta 2020.
Estos actos, señala la asociación a través de la acusación que ejercen contra el exgerente, "han acarreado un importante perjuicio económico para los socios de la entidad al tener que recurrir a la financiación bancaria" para afrontar las deudas y el alzamiento de los embargos que recayeron sobre los bienes de la asociación.
En junio de 2013, el acusado presentó a la nueva junta directiva un informe sobre la situación económica y el estado de riesgos de Aspanas, cifrando el incremento patrimonial obtenido durante el año 2012 en algo más de 107.000 euros. Tanto la Fiscalía como la acusación particular sostienen que Juan José Rodríguez "omitió a sabiendas" esos 100.000 euros que Aspanas tenía depositados en una entidad, así como el contrato de factoring y diversos contratos de préstamo realizados a favor de Aspanas Termal.
La Fiscalía pide también que el acusado asuma el pago de los 80.474 euros que el banco reclama a Aspanas, así como la cantidad que pueda llegar a exigir la otra entidad si Aspanas Termal no llega a cubrirla. La acusación particular pide una indemnización de 100.000 euros.
