La causa que investiga presuntos delitos en la adjudicación, en 2013, del cuidado de parques y jardines de Ourense está en la Fiscalía desde noviembre para el llamado trámite de informe. Terminados los interrogatorios, el magistrado instructor, Leonardo Álvarez, remitió los autos al ministerio público para que se pronuncie sobre el curso del procedimiento. El fiscal debe aclarar si solicita nuevas diligencias -podrían incluir más documental, pruebas periciales o nuevas citaciones de testigos e imputados-, si propone el archivo o si aprecia a estas alturas base suficiente para que las diligencias previas se transformen en el procedimiento abreviado. Esta última posibilidad sería ya la imputación formal y situaría la causa a un paso de la fase de juicio.
La derivada ourensana de la "Operación Patos" mantiene por ahora bajo el foco a 7 investigados: cuatro representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería, J. R. A. G., J. L. P., P. M. A. y A. C. G, la propia empresa como persona jurídica; así como dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense, el jefe de servicio, C. J. C. Á., y el jefe de Sección, G. G. V., quien fue nombrado el responsable del contrato. En contestación, las defensas han solicitado el archivo porque consideraran que no hay irregularidades y que los hechos no son constitutivos de ningún ilícito penal.
Las diligencias se abrieron en noviembre de 2015 en Instrucción 1 de Ourense, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo -en el juzgado de Instrucción 7- para investigar presuntos delitos contra la administración pública. Las escuchas nutren el grueso de las pesquisas que apuntan a la capital de As Burgas. La investigación trata de determinar si existieron delitos y contactos ilegales, como posible tráfico de influencias o prevaricación, entre empresarios, funcionarios y políticos -aunque a este nivel no han llegado las imputaciones-, en el proceso de adjudicación en 2013 del cuidado de las zonas verdes y jardines públicos de Ourense.
Conforman la base de indicios 4 cajas de la documentación requisada por la Policía en los registros en dependencias municipales, en febrero de 2014, así como un informe de 42 páginas -anexos aparte- de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, un grupo que tiene su sede en A Coruña. Los agentes dedujeron de los 'pinchazos" supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines.
En el informe entregado al juzgado, la Policía también aludía a supuestos contactos e influencias con "la propia concejal del ramo", la exedil del PSOE Susana Bayo, y "además se constatan contactos entre altos directivos de Cespa y el propio alcalde", que en 2013 era Agustín Fernández. Los dos negaron irregularidades o trato de favor algunos en el proceso investigado. En el curso de la instrucción los dos fueron citados a declarar en la condición de testigos.
A finales de 2013, el Concello resolvía a favor de la mercantil investigada. Cespa Jardinería S. L., filial del gigante Ferrovial, resultó ganadora de la adjudicación del servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes públicas de la tercera ciudad gallega. El contrato, que la empresa investigada aún sigue prestando en precario hasta que se resuelva la nueva adjudicación -varias aspirantes incurrieron en posible baja temeraria-, fue de 1,1 millones de euros anuales.
Cespa obtuvo 94,44 puntos frente a los 89 de la segunda clasificada, PAU, una filial del grupo Vendex, que está investigado por su parte en la operación Pokemon. La adjudicataria recibió 5 puntos sobre 5 posibles en el apartado de mejoras, mientras que ninguno de los competidores llegó al 1. Para la UDEF este apartado fue determinante y es para el que presuntamente directivos de la empresa recabaron información en fase de concurso para armar su oferta.
Un viaje pagado
Los investigados en esta rama ourensano de la "Operación Patos" negaron ante el juez irregularidad alguna, según fuentes del caso. Los policías descartaron irregularidades en la tramitación del expediente. En cambio, "de las conversaciones telefónicas intervenidas se observan indicios de que la licitación pudo verse influenciada desde un principio para que finalmente recayese en la empresa Cespa". Según los policías, "se ponen de manifiesto contactos e influencias, con invitaciones a eventos y viajes a gastos pagos incluidos, sobre las personas del área de Jardines de Ourense", dijo la UDEF en su informe. Mientras se encontraba en trámite el proceso de adjudicación, el jefe de servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á., viajó a un congreso a Málaga con los "gastos pagos" por la empresa, según plasmó la UDEF.
Los funcionarios negaron ningún trato de favor a la empresa ni que Cespa condicionara el proceso de adjudicación. Según fuentes del procedimiento, el jefe de servicio calificó como "habitual" para su cargo los viajes a congresos costeados por las empresas -incluso en ocasiones como ponente-, tratándose de unas "expediciones" necesarias para mantenerse al tanto de las últimas novedades del sector. Fue a la de Málaga en representación del Concello de Ourense, añadió, porque la concejala se encontraba embarazada.
