Investigadores del grado de Traballo Social del campus de Ourense presentaron ayer las conclusiones del estudio que realizaron sobre el impacto de la crisis económica en las familias de la provincia y el paraguas de la protección social. Con la colaboración de los trabajadores sociales de los ayuntamientos tanto en las villas como en los pequeños pueblos del rural, el equipo pudo constatar una dura realidad: la necesidad de ayuda y el riegos de exclusión se disparó durante estos años pero la respuesta de los servicios sociales frente este drama fue "muy débil". Los recursos, señala el informe, "resultan insuficientes" y la atención se reduce a "medidas asistencialistas, de corta duración y restrictivas en el acceso".
El profesor del área de Traballo Social e Servizos Sociais, Francisco Xabier Aguiar, es el investigador principal de este proyecto y el coorganizador, junto con la alumna Evelia Murcia, de la primera jornada sobre los instrumentos profesionales del trabajo social que se celebró ayer por la tarde en la Facultad de Ciencias da Educación. Una actividad que pretende llamar la atención sobre la importancia de las técnicas de atención social frente a las políticas "cada vez más restrictivas" de las instituciones públicas. La convocatoria fue acogida con gran interés por cerca de 200 personas, la mayoría alumnado del centro interesados en debatir sobre los métodos y la eficacia de los resultados.
El estudio sobre el impacto de la crisis en la provincia fue presentado por el profesor Aguiar Fernández, que trabajó en esta investigación con Carmen Verde, Xoán Lombardero, Ana Belén Méndez, Iria Vázquez, Santiago Prado y Almudena Ferro. El trabajo constata que la crisis económica en la provincia derivó en una elevada tasa de desempleo, pobreza y desigualdad que se ha notado en la provincia en la "aparición de nuevos perfiles de usuarios" y el aumento de la demanda de prestaciones básicas. Este aumento de la necesidad, en cambio, no se vio acompañado de los recursos humanos, técnicos ni económicos para poder afrontarlo, por lo que, afirma este estudio, "no se puede garantizar una buena 'praxis' en la intervención social" .
La totalidad de los profesionales consultados tanto en el ámbito urbano como rural coinciden en que la respuesta fue muy débil y que los recursos que manejan son insuficientes. Además, un 85,7% consideran que estos no son adecuados. Las dificultades con las que se encuentran estos trabajadores sociales, recoge el informe, se derivan de la eliminación de personal específico, el endurecimiento de los requisitos de acceso que deja fuera de los programas a personas y familias, la lentitud y retrasos en la tramitación y concesión de ayudas fundamentales como la Risga y la Rai y el aumento de la carga burocrática. Al final, los tiempos de espera acaban derivando a las familias a las ONG para la atención de las necesidades básicas.
