La desaparición de 6 pistolas del búnker de seguridad de la Comisaría de Policía Nacional de Ourense todavía es una incógnita, y el juez trata de desentrañar un misterio que ni aclaró la primera investigación institucional ni tampoco resolvió la unidad de Asuntos Internos en la operación que, a la postre, desmanteló el anterior grupo antidroga por una vía colateral.
En la llamada "Zamburiña", siguen unidas en la misma causa, por ahora, las pesquisas sobre el presunto trato delictivo con los confidentes de cuatro policías que integraban la unidad, así como la desaparición sin resolver de las armas. El magistrado del caso, Leonardo Álvarez, ha ordenado a las compañías telefónicas que aporte el listado de números que realizaron conexiones para llamadas o datos, en determinadas fechas de los meses de junio, julio, octubre y noviembre de 2014, así como en febrero de 2015. También interesa la ubicación. El rango de criba se circunscribe a las cuatro calles que rodean el edificio de la Comisaría: Celso Emilio Ferreiro, Mestre Vide, Ángel Barja y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Los agentes de la unidad de Madrid pusieron el foco en la Comisaría de Ourense después de que un anónimo les hiciera llegar en 2014 supuestas irregularidades. Otro escrito sin identificar difundió la desaparición de las pistolas a los medios de comunicación, en febrero de 2015. Las diligencias telefónicas tratan de dar con el policía o policías que pudieron haber enviado los escritos.
En sus últimas declaraciones públicas, el comisario principal, Amable Valcárcel, dijo que la mayoría de las manifestaciones son "calumnias" y mantiene que las acusaciones que pusieron en la pista a Asuntos Internos, desencadenando después la mayor crisis de la historia reciente de la Comisaría, se orquestó "desde dentro", puesto que la "única finalidad del robo de armas era la de "hacer daño" ya que las pistolas "no están en el mercado", subraya Valcárcel, quien espera que "se conozca toda la verdad" y se depuren responsabilidades.
La Comisaría de Ourense mantiene una investigación centrada en las filtraciones. La llevan con las máximas reservas dos policías de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Estas indagaciones estaban tuteladas por el juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad, que en su momento decidió remitir las diligencias a Instrucción Número 1, donde se tramita la "Zamburiña", por si hubiera relación con los hechos. El juez Leonardo Álvarez, titular de esta última sede, consideró que no y las devolvió. Las diligencias acordadas podrían dar el nexo, ahora, a ambos procesos.
Además de este movimiento para aclarar la incógnita de las armas, Asuntos Internos trabaja desde hace semanas en más averiguaciones sobre la derivada que tiene que ver con una presunta mala praxis del anterior grupo antidroga. No hay previstas, de momento, más citaciones de testigos o nuevos investigados, a la espera de un informe sobre el tráfico y contenido de los teléfonos móviles y ordenadores incautados durante los arrestos y entradas y registros de mediados de noviembre. Asuntos Internos analiza conversaciones telefónicas, incluida la mensajería "whatsapp", en la procura de alguna comunicación que pudiera ser relevante para la causa. También se vuelcan los datos de los equipos informáticos.
