La operación Pokemon por corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo abre un nuevo capítulo después de que su titular, la magistrada Pilar de Lara, pidiese al Concello de Ourense y a la empresa Doal, del Grupo Vendex -adjudicataria del servicio de la ORA-, diferentes expedientes relacionados con el pago de tasas por la retirada de vehículos por parte de la grúa municipal durante el gobierno socialista.
Así, en un auto judicial del pasado 24 de febrero y del que ayer no tenía conocimiento el gobierno municipal, la juez señala un total de 334 expedientes para que se entregue a los agentes de Vigilancia Aduanera una copia compulsada.
En concreto, 79 de esos documentos se corresponden con el año 2007, mientras que 112 proceden de 2008 y 96 más de 2009. Ya de 2010 requiere 43 expedientes y los cuatro restantes se encuentran entre los de 2011. Una documentación que se suma a la que en su momento recogían en las dependencias municipales, también a requerimiento de la magistrada y relacionadas con la supuesta retirada de multas de forma irregular.
Es por eso que en el mencionado auto Pilar de Lara demanda al Concello y a la empresa concesionaria del servicio una copia de los listados-estadillo por retirada de vehículos que fueron realizados por la grúa municipal en seis ocasiones durante 2007 y una más en 2010.
Registros
Una petición que se sustenta en un informe elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera sobre expedientes anulados, y después de haber analizado la documentación intervenida en el registro que se llevó a cabo en la sede social de Vendex en Ourense.
En esa intervención, y según figura en el auto de la magistrada, se encontraron documentos "que pudieran hacer referencia a la anulación irregular de las tasas por retirada de vehículos por parte de la grúa municipal" y que pudieron ser abonados por la concesionaria.
El alcalde Jesús Vázquez indicó a FARO no tener conocimiento del auto de la magistrada, ni si había entrado por Registro General o se había remitido a otro departamento del Concello, aunque deja clara la "disposición total" del Concello, "como no puede ser de otra forma", con la justicia.
Y asegura que se procederá a entregar toda la documentación "a la mayor brevedad posible" para de esa forma "facilitar las labores de investigación" .
