Cuando el magistrado abrió juicio oral por el caso de la Plaza San Antonio, en enero, Áurea Soto comunicó su dimisión denunciando "un trabajo sucio para sacarme de en medio". La exresponsable del urbanismo de Ourense entre 2007 y 2015 será juzgada el martes por el caso que le marcó la salida; y se ratifica. "Todas las denuncias y querellas, en las que casi siempre iban juntos un promotor y Democracia Ourensana, iban encaminadas a echarnos del gobierno para poner determinados intereses al frente. Su objetivo fue conseguido", dice a FARO en la previa del juicio.
El martes se sienta en el banquillo acusada de prevaricar por la licencia que, en 2007, legalizó la céntrica urbanización de la Plaza San Antonio de Ourense. En 2004, el TSXG consideró que el suelo sobre el que se hicieron las obras eran de dominio público, por lo que un uso privado, como el del aparcamiento subterráneo que opera allí, tendría que estar sujeto a concesión.
Según el juez, a sabiendas de esa sentencia, la exconcejala acordó "legalizar las obras ejecutadas y usos autorizados". Y ante "la imposibilidad de obtener un informe de los servicios jurídicos municipales que respaldase esa actuación", recurrió a un abogado externo, Carlos Hernández, también acusado. En 2009, se acordó el pago de una indemnización a una litigante que acabó retirando un recurso. También ese acto se debatirá.
El caso fue denunciado en un comienzo por DO. Después se retiró y siguió en la causa el abogado de un conocido promotor que mantuvo múltiples pleitos contra la exedil -quien acumuló varias imputaciones- y el anterior ejecutivo. Esta parte pide 21 años de inhabilitación pública para Áurea Soto por tres presuntos delitos de prevaricación. La Fiscalía también ejerce la acusación y solicita 10.
La socialista y su defensa no comparten en absoluto los postulados del juez y las acusaciones. En su escrito de defensa dice que tanto estas partes como el juez instructor, Leonardo Álvarez, "han cerrado los ojos ante documentación acreditativa de inexistencia de ilícito penal alguno".
Frente a esa declaración del subsuelo como público por parte del Tribunal Superior, Soto y Hernández esgrimen dos resoluciones de la misma instancia que, según consideran, avala su proceder. Son del año 2009, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG acordó la inejecución de la sentencia que ordenaba la demolición de los edificios en los que residen 60 familias y cuyo derribo conllevaría una macro indemnización estimada en 40 millones de euros.
La defensa se basa en que la discutida legalización se concedió al amparo del PXOM 2003, todavía vigente en 2007. El plan "permitía ese uso en el subsuelo", argumenta. Es por ello que la exconcejal insistió en que este proceso debería resolverse en el ámbito contencioso administrativo, y no en el penal.
Fiscalía y acusación particular estarán enfrente el martes. Áurea Soto proclamará su inocencia. "La prevaricación es tomar una resolución injusta, es obvio que no lo fue porque hay dos autos del TSXG. Tampoco fue arbitraria porque existen multitud de informes en todo el expediente más allá del que se discute de Carlos. Todo esto tendría que haber sido archivado, en algún momento tendrán que darse explicaciones. Pero en la justicia también las cosas tienen su tiempo.
