Hace 3 semanas, el actual gerente del PP de Ourense y el anterior, Emilio Pascual, en el cargo hasta el relevo de los Baltar en 2010, declararon en Lugo como testigos ante la juez Pilar de Lara. Las palabras de Pascual llevan a la magistrada de la Pokemon a la sospecha de que el PP de Ourense manejaba presuntamente una caja B nutrida por operaciones simuladas. En un auto de ayer, la instructora pide una relación de facturas para investigar si el partido se financió con "un sistema de facturación falsa y ficticia". Según el exgerente, la contabilidad en negro llegó a sumar importes de hasta 200.000 euros al año en tiempos de José Luis Baltar, barón del partido hasta el año 2010, cuando el actual presidente, su hijo José Manuel, dio el relevo en un congreso provincial. Además de pagos a favor de empresas, la juez también pide identificar facturas a nombre de Baltar hijo y Miguel Santalices, vicepresidente del Parlamento.
Vigilancia Aduanera centra el foco en dos empresas, una televisión local y una agencia de publicidad de Ourense, y retrotrae las comprobaciones al año 2003. La juez cree que esas eran las sociedades utilizadas por el PP para la presunta financiación irregular, con la "colaboración" de adjudicatarias investigadas en la macro operación contra la corrupción instruida en Lugo, "las cuales habrían abonado presuntamente gastos del Partido Popular, según el auto. También serán oficiadas por los investigadores el propio PP y empresas del sector inmobiliario y de obra pública.
La juez quiere que se faciliten todos los encargos realizados, la identidad de los representantes de las empresas que se relacionaron con la televisión y la agencia y copias de los libros contables.
100 y 500 euros en efectivo
Las sospechas se sustentan, según se desprende del auto, en los testimonios de Emilio Pascual, quien ya había afirmado en otro juicio que el PP ourensano no abonó la organización de un congreso provincial, por más de 70.000 euros, facturado a una empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los máximos exponentes de la Gürtel.
En esta ocasión, Pascual confirmó a la juez de Lugo que el PP ourensano recibía dinero procedente de empresas. En julio de este año, José Luis Baltar, condenado en primera instancia por 104 enchufes, negó como imputado la existencia de una contabilidad B en el PP de Ourense y sostuvo que las donaciones, siempre oficiales, las recibía el gerente y no él.
Expresidente del PP y la Diputación era "El Viejo", según escuchas de Aduanas. En medio de la llamada ruta del bacalao", nombre con el cual los directivos de Vendex aludían a los repartos de supuestos sobornos a políticos, el exbarón habría recibido un soborno de 6.000 euros la semana de las elecciones municipales de 2011. Baltar lo negó. "Si los hubiese cogido me acordaría. De eso no me olvido yo", ironizó ante los periodistas en julio.
Por contra, el exgerente asegura que José Luis Baltar era "el encargado de recoger personalmente" los donativos de empresas al PP, pagos que se realizaban presuntamente en el despacho del expresidente en la Diputación y que después se guardaban en una caja fuerte de la sede del partido. "Estableciendo así un sistema imposible de controlar por procedimiento legal alguno", al no figurar en la contabilidad oficial de la organización. El testigo no descartó "que parte del dinero fuera a parar al bolsillo del señor Baltar".
Emilio Pascual relató el supuesto modus operandi de la financiación ilegal hasta 2010, cuando cesó al renovarse la estructura orgánica con la llegada al poder de José Manuel Baltar. Presuntamente, Baltar padre recaudaba el dinero en efectivo, en billetes de 100 y 500 euros, con el que se abonaban facturas a las dos empresas. Supuestamente, estas sociedades "facturaban a otras empresas gastos ocasionados por el PP". El dinero también habría sido utilizado para "pagos sin la existencia de facturas".
El testigo llegó a dar una cifra aproximada a la instructora. "Dado que el señor Baltar le entregaba al entonces gerente el dinero para que este a su vez procediera a la realización de pagos de facturas no contabilizadas en los libros del PP, hubo años en los que el importe total de las donaciones pudo rondar los 200.000 euros", relata el auto judicial.
Para la magistrada, esta versión "avala" la hipótesis de Aduanas sobre el presunto soborno de 6.000 euros entregado por José María Tutor, el delegado de Vendex en Galicia, a José Luis Baltar el 20 de mayo de 2011, solo dos días antes de las elecciones. Entonces, el exbarón imputado ya no era el presidente del PP ourensano, en manos de su hijo desde enero de 2010.
La magistrada compara la presunta financiación ilegal del PP ourensano, mediante recaucación del dinero y emisión de facturas falsas, con la que atribuye al PSOE en Santiago de Compostela. Es el mismo método, "consistente en facturar falsamente para encubrir donaciones" y "sufragar gastos relacionados con campañas electorales".
