El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, viene de citar en calidad de imputados a las personas que realizaron los trabajos para el Concello a través de contratos externos -las denominadas asistencias técnicas-, y que posteriormente, tras presentar una denuncia ante el Juzgado de lo Social, que les daba la razón, se convirtieron en personal laboral fijo. También recibieron la correspondiente notificación funcionarios municipales del área de Urbanismo, que fue en la que más contratos externos se realizaron.

Es un paso más en la investigación judicial que se lleva a cabo después de la denuncia que en su momento presentaron los representantes de los sindicatos CIG y USO, contra el alcalde, Agustín Fernández, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.