Una investigación de la Agencia Tributaria que se remonta a 1999 tardará en llegar a término en la vía judicial en la que recaló en 2003 de lo previsto. Un problema en la agenda de uno de los abogados ha obligado a aplazar hasta noviembre el juicio del denominado caso Ucosa, una supuesta trama de facturas falsas que sentará en el banquillo al expresidente de la sociedad Óscar Sánchez Ruido y a dos empresarios vigueses, Guillermo A.C. y Jesús P.M., que presuntamente emitieron trece facturas pagadas con dinero de Ucosa "por operaciones ficticias en la construcción" del centro comercial ourensano de Ponte Vella, tal y como sostiene la Fiscalía de Ourense en el escrito de acusación que defenderá en el juicio. La vista oral debía haber empezado ayer.
El ministerio público reclama condenas desde los 5 a los 8 años de prisión por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Las órdenes de pago presuntamente irregulares están relacionadas con las obras del único centro comercial de la ciudad que entonces puso en marcha la Unión de Comerciantes de Ourense, S.A. presidida por Ruido.
A los dos empresarios vigueses se relaciona con cinco sociedades que según los investigadores tributarios operaban como entidades "inactivas o fantasma, sin actividad real". Las firmas emitieron presuntamente 13 facturas abonadas con dinero de Ucosa por operaciones que no tenían lugar relacionadas con la construcción del complejo comercial proyectado a la orilla del río Miño.
La investigación de las operaciones presuntamente delictivas se inició en 1999 por parte de la Agencia Tributaria. Partió de una denuncia de la administradora de una de las sociedades, que recibió un requerimiento de pago por el IVA por facturas de una empresa que carecía de actividad laboral o fiscal desde 1992. El empresario vigués acusado Jesús P.M. era el apoderado de esa firma.
Según el escrito de acusación de Fiscalía difundido por Europa Press, Hacienda constató que las empresas implicadas "solo les interesa tener una identificación y representantes para emitir facturas falsas", alguna como Camelot "ni llega a existir jurídicamente". Según la acusación, todas incumplían sistemáticamente la casi totalidad de sus obligaciones mercantiles y tributarias, cuando se les quería cobrar estaban ilocalizables o insolventes y carecían de los más elementales medios humanos y materiales. "Sus administradores y apoderados suelen estar vinculados por lazos de parentesco".
La cuantía total de las supuestas facturas falsas sumaba 1,7 millones de euros (275,7 millones de pesetas entonces) de los que 228.548 (38 millones) corresponden a IVA no declarado. Los pagos investigados se realizaban mediante cheques al portador que cobraba el ourensano acusado Sánchez Ruido "en metálico para ingresar una parte en cuentas utilizadas por el acusado Guillermo A.C. O y otra parte con destino indeterminado, mientras que los cheques para el pago a Baved fueron abonados al imputado Jesús P. M."
Los socios de Ucosa tuvieron conocimiento de la investigación tributaria iniciada en Vigo y con toda la información reunida presentaron denuncia penal en Ourense en 2003, tras constituirse como Asociación de Accionistas del centro comercial. Denunciaron al expresidente de Ucosa imputado por supuestas administración desleal, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida. En el juicio ya no estarán personados los accionistas de Ucosa, tras recuperar parte del dinero en un acuerdo extrajudicial. Las acusaciones están conformadas por el fiscal y la Abogacía del Estado.
La Fiscalía imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito continuado de apropiación indebida a los tres acusados por lo que solicita penas de 5 años de prisión y multa de 11 meses a razón de 20 euros por día para cada uno de ellos. Además, al empresario ourensano, le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública por los que solicita otros 3 años de prisión y multa de 1,7 millones de euros.
En caso de condena tal y como pide el fiscal, los acusados deberán indemnizar a Ucosa con 1,6 millones de euros y Sánchez Ruido también deberá embolsar a la Hacienda Pública los importes de IVA e intereses no abonados, unos 600.000 euros.
