"Solo de meramente dilatorio puede considerarse el recurso formulado por los apelantes, toda vez que, como señala el Concello de Cangas, consta en autos la diligencia de emplazamiento y citación de 28 de febrero de 2019 suscrita por [los recurrentes] a través del servicio de correos con acuse de recibo y firma, seguido de número de DNI". Es el principal argumento que utilizan los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra para desestimar el recurso de apelación presentado por las dos personas que mantienen "okupada" la conocida como Casa dos Pobres, en la calle Ensinanza, después de que el Juzgado de Primera Instancia dictara su desahucio y desalojo de las instalaciones. La sentencia avala las pretensiones municipales y despeja el camino para poder concluir la rehabilitación de las tres viviendas del inmueble y ponerlas a disposición temporal de personas y familias en situación de necesidad.
El Juzgado número 2 de Cangas dictó sentencia con fecha 20 de enero de 2020 cuyo fallo dice textualmente: "Que debo estimar y estimo, en su integridad, la demanda interpuesta" por el Ayuntamiento de Cangas contra la pareja de demandados - que responden a las iniciales A.P.S. y C.G.R.P.-, "en situación de rebeldía, por lo que debo declarar y declaro haber lugar al desahucio solicitado, condenando a ambos a desalojar el inmueble" de propiedad municipal, "dejando la vivienda libre, vacua y expedita a disposición de los actores, con apercibimiento de ser lanzados de la misma a su costa si así no lo hicieran en el término legal" y condenándolos también al abono de las costas procesales.
Los dos condenados presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que ahora confirma la sentencia favorable al Concello y argumenta que "el único motivo formulado por el apelante es que en los términos del artículo 496 de la LEC [Ley de Enjuiciamiento Criminal] fue indebidamente declarado en rebeldía, de ahí que no contestase a la demanda". La Sala considera probado que los "okupas" fueron notificados en tiempo y forma de que se les declaraba en rebeldía y del señalamiento del juicio para el 16 de enero de 2020. Por tanto, "no existiendo infracción procesal alguna en la declaración de rebeldía, se impone la desestimación del recurso".
Al ser desestimadas todas sus pretensiones, se condena a ambos moradores a pagar las costas del recurso, aunque es improbable que lo hagan. "Como los demandados gozan del beneficio de justicia gratuita, no se podrán cobrar", indican fuentes jurídicas vinculadas con este caso. Añaden que "teóricamente podrían intentar ir en casación para retrasar más el asunto", aunque dudan de que vayan a hacerlo porque las posibilidades de que prospere son ínfimas. Desde el Concello de Cangas estarán "atentos" a esa posibilidad para actuar en consecuencia, aunque confían en que el fallo de la Audiencia sirva para cerrar dos años de trámites y recuperar el uso de la Casa dos Pobres.
La presencia de estas dos personas, que entraron en el inmueble en julio de 2018, según constató entonces la Policía Local, ha impedido al Ayuntamiento concluir las obras de rehabilitación del inmueble, un proyecto para el que cuenta con una subvención de la Diputación de Pontevedra que no ha podido justificar, ni en inversión ni en plazos, debido a la okupación. Los intentos de recuperar el inmueble de forma voluntaria no fructificaron y el gobierno local recurrió a la vía judicial, manifestando en su demanda que los moradores carecen de cualquier título o derecho para habitar las instalaciones, y por lo tanto deben abandonarlas a disposición de su legítimo propietario, el Concello. Ahora, con el aval de la Audiencia Provincial, el gobierno local espera retomar las obras y, una vez concluidas, quedarán acondicionadas las tres viviendas para acoger a familias y personas en situación de especial vulnerabilidad.
