Ha tenido que pasar más de un año para que el Concello de Moaña reciba el convenio firmado por Portos de Galicia que le autoriza la ejecución de la obra de finalización del paseo de Domaio en el entorno del centro de la tercera edad.Y ha tenido que ser con otra persona al frente del ente público portuario y tras meses de lucha entre ambas administraciones. La nueva presidenta de Portos, Susana Lenguas, ha remitido ya firmado el convenio que permite al gobierno local hacer uso de los terrenos de dominio portuario y poder iniciar una obras demandadas por los vecinos. Las autorización tanto a Portos como a Costas, que también tiene terrenos dentro de la obra, fueron enviadas por el Concello en abril de 2008 y Costas contestó en julio de 2018, mientras Portos no lo resolvió hasta ahora. La alcaldesa, Leticia Santos, que agradece la labor de la Asociación de vecinos Monte Faro, confía en que las obras se puedan ya sacar a licitación y adjudicarlas antes de finalizar el año para ejecutarlas a comienzos de 2020.
Los trabajos serán financiados con una subvención de 100.000 euros de la Diputación, con cargo al Plan Concellos, y que la demora en el convenio por parte de Portos estuvo a punto de pone en peligro. Santos asegura que si en el caso de que Portos, con el anterior presidente, hubiera obligado a realizar otro proyecto, había peligro de perder la subvención, pero ahora confirma que se está en tiempo. Finalmente, el Concello acometió un modificado en el proyecto para cumplir con las garantías de seguridad vial que exigía Portos incluyendo una senda peatonal para entroncar este paseo con la acera de salida del puerto hacia la carretera general.
El convenio, con una vigencia de 15 años prorrogables por otros cinco, obliga al Concello de Moaña a la ejecución y financiación de la obra y a mantener las condiciones estéticas de la urbanización del puerto, por lo que deberá de prestar atención a que la reparación de pavimentos se realice de forma completa, abarcando toda la calzada en el caso de que sea necesario. Las obras no podrán condicionar la normal explotación portuaria, en especial a lo referente a la entrada y salida de vehículos del tráfico portuario. El convenio también establece la obligación del Concello de entregar a Portos, gratuitamente y libre de cargas, la propiedad de las obras del proyecto en la parte que son ejecutadas en dominio público portuario e incorporadas a dicho dominio que gestiona el ente público.
Por su parte, el convenio obliga a Portos a autorizar las obras aunque la intervención en los terrenos de dominio público no implica la pérdida de las facultades de gestión y explotación vinculadas a los fines de Portos, ni supone cambio de titularidad o calificación jurídica de los bienes.
