El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, sigue aportando documentación a los concejales con el propósito de que lleguen al pleno que se celebra hoy informados y avalen su propuesta de constitución de una comisión de investigación sobre el convenio de Massó firmado en 2004 entre el Concello de Cangas y Frigoríficos Morrazo. Fortalecido por el último auto de la Audiencia Nacional en relación a la operación urbanística de Massó, Mariano Abalo se dispone a demostrar que fue un convenio fraudulento, con la intención de que éste no tenga efecto en el Plan Xeral que se está elaborado o, como asegura el líder del Partido Popular, José Enrique Sotelo, tratar de lavar la cara ante sus acólitos por cómo quedaba Massó en el actual borrador del Plan Xeral y que los populares revelaron en el mes de agosto. Abalo persigue demostrar que existió cooperación necesaria para llevar a cabo la trama urbanística y que hay que depurar responsabilidades.

La documentación que ahora aporta Mariano Abalo es la que le remitió en enero de 2007 la empresa Arteplán, que había sido encargada de la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM). En ese informe se señala que el proceso estuvo en todo momento subordinado y condicionado a las negociaciones entre el grupo de gobierno del Concello de Cangas con Conservas y Frigoríficos del Morrazo, primero y con Marina Atlántica, después, con el objeto de la recalificación de la finca Massó, pasando de usos industriales a residenciales. En el informe Arteplán señala que "de consumarse esta recalificación , el precio inicial de compra de la finca efectuado en aproximadamente en 6 millones de euros se multiplicaría por 15, obteniéndose, por lo tanto, una plusvalía de cerca de 90 millones de euros, esto es, 15.000.000.000 de las antiguas pesetas. La operación Massó fue abortada, en principio, por la presión popular que obligó el alcalde de Cangas y al grupo municipal de gobierno , mediante acuerdo plenario, a retrotraer el expediente a su aprobación inicial, lo que técnicamente significa anular todo lo realizado hasta ese momento. La conveniencia y complicidad de algunos políticos municipales con promotores ha impedido, por meros intereses particulares llevar a buen fin la ordenación del territorio del Concello de Cangas".

El 23 de mayo, Arteplán comunica al gobierno municipal que "en relación con la finca de Massó, de acuerdo con nuestras cartas de 5 de diciembre de 2002 y 15 de marzo de 2004, al no haber recibido el convenio urbanístico ni instrucciones en cualquier otro sentido, hemos optado por clasificarla y calificarla como Suelo Urbano No Consolidado, reduciendo su ámbito a los terrenos que quedan dentro del deslinde facilitado por Costas y aplicándosele el 0,3 metro cuadrado/metro cuadrado". Arteplan señala que después, el convenio aparece con una edificabilidad del 0,8 metros cuadrado/metro cuadrado. Asegura que el aumento de edificabilidad se pretende justificar mediante "unas irrisorias compensaciones económicas". En el relatorio de Arteplán aparece que la Alcaldía indica que se debe recoger el convenio tal y como está redactado. También se deja constancia de que el profesor Jiménez de Cisneros Cid se presentó en todo momento como integrante del equipo negociador, junto al arquitecto Juan Cabanelas.

El concejal de Urbanismo de Canas, Mariano Abalo, afirma que ésta y la documentación que dio a conocer el día anterior, en la que se habla de venta de concesiones no extinguidas ponen de manifiesto lo que denomina "cooperación necesaria en la trama" de la que considera hay que depurar responsabilidades.