La jueza que investiga este presunto fraude acordó a finales del mes pasado acceder a la petición realizada por el Ministerio Fiscal para que se amplíe el auto que dictó en el mes de mayo y que supuso la suspensión de determinados contratos de financiación requiriendo a las financieras a la suspensión de los recibos respecto de los mismos y de abstenerse de a realizar actuaciones ejecutivas frente a los que figuran como titulares de los mismos y de la inclusión en el registro de morosos. La ampliación del citado auto de fecha de 14 de mayo es consecuencia de la aparición de nuevos perjudicados por el posible fraude. También pide que se comunique a la Jefatura Provincial de Tráfico para que tengan presente que determinados vehículos su titularidad real no se corresponde "indiciariamente con la inscrita", cuando que se trata de vehículos entregados al concesionario para su venta. Así, la juez acuerda requerir a las entidades financieras, con el apercibimiento de delito de desobediencia, a que de forma inmediata suspendan la emisión de recibos respecto de los mismos, se abstenga de la realización de actuaciones ejecutivas frente a los que figuran como titulares de los mismos y se abstengan, en su caso, de la inclusión de los titulares en cualesquiera registro de deudores o impagos. Según señalan varias afectados, algunas financieras habían emprendido actuaciones contra ellos a pesar del auto judicial.
