El gobierno local de Bueu deberá incluir en los presupuestos municipales de este año un nuevo Plan Económico y Financiero (PEF). Antes, en el pleno del mes de junio deberá adoptar un acuerdo de "no disponibilidad" de 41.000 euros de las actuales cuentas, prorrogadas desde 2017. La razón es que por segunda vez en los últimos años ha incumplido la regla de gasto que le impone el Estado tras la aprobación en 2012 del plan de ajuste vinculado al plan de pago a proveedores. La Consellería de Facenda así se lo acaba de trasladar al Concello, una comunicación en el que se especifica que ha superado en 100.000 euros el techo de gasto fijado para 2017. Todo a pesar de que el consistorio cerró ese ejercicio con un superávit de 900.000 euros y por primera vez en muchos años con un remanente positivo de tesorería, que ascendió a 219.000 euros.
La aprobación de los planes de ajuste en 2012 significó para los ayuntamientos una especie de "corsé", en el que se fijaba un techo de gasto anual tomando como referencia sus gastos e ingresos de ese año. "O problema dese límite é que non se permite aos concellos gastar máis aínda que ingresen máis do que tiñan previsto, que é o que está sucedendo en Bueu. Non deixa de ser unha contradicción que o Concello ingrese máis, pero que non poda gastar", argumentan el alcalde, Félix Juncal, y el edil de Facenda, José García Cuervo.
La única manera de que el Estado acepte subir ese techo de gasto es mediante la adopción de medidas normativas, explican los técnicos municipales. Dicho de otro modo: aprobar la subida de impuestos o tasas municipales. En 2015 el Concello solicitó al Ministerio de Hacienda la actualización de los valores catastrales, que se incrementaron un 10%, pero que no tuvo incidencia en el techo de gasto. "Non está considerada como unha medida normativa, para que se autorizase un maior gasto habería que subir o tipo impositivo", explican desde el ejecutivo.
Bueu incumplió la regla de gasto por primera vez en 2015, en aquella ocasión por superarla en 300.000 euros. Eso le obligó a aprobar una declaración de no disponibilidad de más de 100.000 euros en los presupuestos que tenía vigentes y a incluir un PEF en los siguientes. La situación se repite ahora, aunque en menor escala. El techo se superó en 100.000 euros y la cuantía que debe inmovilizarse es de 41.300 euros.
El concejal de Facenda resta trascendencia a esta situación y defiende los resultados de la gestión económica. "Estamos falando de que pechamos 2017 con 900.000 euros de superávit e por primeira vez, polo menos que se sepa, con remanente positivo de tesourería. É certo que se gastou máis do que establecía esa fórmula do teito de gasto, pero tamén foi porque se ingresou máis e sen aumentarlle a presión fiscal aos veciños", argumenta García Cuervo.
Los ayuntamientos están obligados a remitir trimestralmente al Ministerio de Hacienda un informe de seguimiento del plan de ajuste y en los primeros meses del año deben enviar a la Consellería de Facenda la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior. El cruce de esos datos es el que determina si se cumple o no la regla de gasto, que es lo que le acaba de comunicar ahora la conselleria al Concello de Bueu.
