El inicio del expediente a la concesionaria del ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, para conseguir la resolución del contrato que el gobierno llevará a pleno el día 11 se antoja una dura batalla interna en el tripartito. Es cierto que la que se presentó a la junta de portavoces es una propuesta conjunta, que teóricamente cuenta con el consenso de todas las fuerzas del tripartito, pero también lo es que algunos concejales tienen dudas, por mucho que la municipalización del agua figurase en el programa electoral de los tres partidos y que forme parte del pacto de gobierno. Y hay dudas porque las alternativas no son del todo factibles y dependen también del plan de ajuste de Montoro, que impide contratar al Concello de Cangas. También, por qué no decirlo, hay cierto recelo a lo que pueda opinar el pueblo si se rescinde el contrato, que es por 25 años, y después la empresa gana el pleito en los tribunales. El concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE) no quiso ayer hacer declaraciones a la espera de otros movimientos, como también rechazó esa oportunidad el BNG; según su portavoz, Mercedes Giráldez, aún no es el momento de pronunciarse. ¡Y eso que hay consenso!
El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), lo tiene claro. Hace hincapié en que se trata de abrir un expediente a la UTE, lo mismo que ella denuncia al Concello de Cangas porque considera que las tarifas que se aplican son insuficientes. El regidor considera que los incumplimientos de contrato por parte de la UTE son flagrantes: vertidos, funcionamiento de la EDAR y falta de inversiones, entre otras cuestiones. Afirma que el propósito que se persigue con esta iniciativa es municipalizar el servicio, aunque no oculta que también dependerá de lo que diga el Consello Consultivo de Galicia (al que tendrá que acudir el Concello si la empresa se niega a rescindir el contrato) y también del ministro Montoro. Recuerda que hubiese sido todo más fácil si el Partido Popular no adjudicara el contrato poco antes de las elecciones. "Sabemos que ahora es más complicado porque o adxudicou por 25 anos. Pero non queremos que a empresa campe as súas anchas no tema das tarifas". También reconoce que el gobierno contrató estudios para ver la viabilidad de otras alternativas a la privatización actual del servicio, es algo que tiene que ir paralelo, según señala Pazos. Advierte que la ciudadanía no tiene motivo para temer, que ya perdió cuando el anterior gobierno estableció unas tarifas que se sacaron al cobro en el primer trimestre de 2015 "e que nos revisamos á baixa". Por lo que respecta a una posible demanda que puede presentar la UTE contra el Concello, Pazos dice que no le gusta "poñer o carro diante dos bois".
El portavoz de Asemblea Pola Unidade (ASpUN), Tomás Hermelo, manifestó el apoyo de su formación a la propuesta que irá a pleno. "Cremos que temos razón. Lévase tempo a falar deste asunto dentro do goberno e a iniciativa preséntase agora con todos os informes enriba da mesa", señala Hermelo, que insiste en que no hay lugar a duda de los incumplimientos de contrato cometidos por la empresa.
En todo este debate hay que tener en cuenta un dato extremadamente importante: el agua con la que se sirve Cangas y todo el Morrazo viene de Vigo y la empresa que la gestiona, Aqualia, está dentro de la UTE Gestión Cangas. No es un plato fácil de cocinar el que tiene que afrontar ahora mismo el gobierno.
