"Indignación e indefensión". Son las primeras sensaciones que experimentó una vecina de Bueu al conocer ayer las medidas judiciales adoptadas en el caso de la agresión por parte de un menor de Pontevedra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una reacción que no se debe, ni mucho menos, a que justifique aquella acción o a un desacuerdo con las medidas adoptadas en este caso, sino a que fue víctima de una agresión presuntamente más grave por parte de una menor y que no ha tenido castigo por parte del Juzgado y Fiscalía de Menores. "Estuve un mes de baja, presente un informe médico de lesiones, informe forense y tengo secuelas que posiblemente sean permanentes. Y aquí no pasa nada, todo se queda en un reproche", se lamenta la afectada, que prefiere mantenerse en el anonimato [aún así presenta informes médicos, autos, resoluciones y abundante documentación]. Es la diferencia entre ser una vecina de a pie y el presidente del Gobierno o a una alta autoridad del Estado, circunstancias que confieren una "extraordinaria gravedad", según el Código Penal.
En el caso de esta buenense la agresión se produjo hace un año, a finales de mayo de 2015, y tuvo lugar en la calle Pazos Fontenla, en pleno centro de Bueu. Una mujer comenzó a increpar a la denunciante y la hija de la primera empezó a golpearla y a propinarle patadas, según denunció ante la Guardia Civil. Esa agresión le provocó diversas contusiones, hematomas y un quiste en la zona púbica que aún persiste un año después. La joven aún era menor de edad -cumplió los 18 años poco después- por lo que el caso se derivó a la Fiscalía de Menores, que optó por solicitar el "sobreseimiento y archivo" de las actuaciones. "Curiosamente ese decreto se firmó el día después de la agresión a Rajoy", cuenta la buenense.
El Juzgado decidió atender la petición de la Fiscalía y en un auto de febrero de este mismo año argumentaba "la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados". La afectada y su representación legal decidieron presentar un recurso, que esta vez la Fiscalía de Menores contestó de una manera más extensa. Pero simplemente para decir que la presunta agresión que sufrió la víctima con la reforma de la Ley del Menor no es más que una "infracción leve", ni siquiera falta ni mucho menos delito. "De una infracción leve de imposible castigo penal cometida por una menor con la que, de acuerdo a lo informado por el equipo técnico, no existe más respuesta sancionadora-educativa que aplicar que, en su caso, una amonestación" y reitera que ya se ha expresado "suficiente reproche" a la menor.
El caso aún está pendiente de un nuevo recurso ante la Audiencia de Pontevedra, aunque la afectada no esconde que alberga escasas esperanzas de que se produzcan cambios. "Todo esto lo que genera es una sensación de indefensión y el sentimiento de que la ley no es igual para todos. Entiendo que Rajoy es el presidente del Gobierno, pero al final no le pasó nada y ese mismo día dio un mitin. Yo denuncié, estuve de baja un mes, tuve que coger el alta voluntaria por cuestiones de trabajo, hay lesiones derivadas de aquellos golpes que posiblemente sean permanentes y llegué a sentir miedo de salir a la calle", se lamenta esta buenense.
