La Casa do Mar de Bueu se encuentra en una especie de limbo legal que se remonta al año 2012, cuando el Consello de la Xunta decidió aprobar su "retrocesión" o devolución a su anterior propietario, el Instituto Social de la Marina (ISM). Cuatro años después esa devolución no se ha producido y parece complicado que se vaya a efectuar, al menos a corto plazo. No obstante eso no ha impedido que la administración autonómica haya denegado la renovación de la concesión de la cafetería-bar que opera en la planta baja del inmueble, lugar habitual de reunión de marineros y jubilados de la villa.
La razón de esa marcha atrás en el proceso de retrocesión es la presencia en la planta baja de la sede de la Asociación Párkinson Provincia de Pontevedra (Apropark), antes denominada Parkinson Galicia-Bueu. El colectivo atiende a un importante número de usuarios y cuenta en la antigua Casa do Mar con un espacio de oficinas y otro para actividades y tratamientos con los usuarios. Así lo confirman desde la Consellería de Política Social, que actualmente es la responsable del inmueble. "A retrocesión non se fixo efectiva e a intención é que tampouco se leve a agora posto que se ten todo o interese en que a Asociación de Párkinson continúe desenvolvendo a súa actividade nas depencias que actualmente e nesa liña se está traballando", afirman fuentes oficiales de la consellería. La asociación no ha tenido problemas hasta la fecha, más allá de encontrarse en una especie de limbo legal a la espera de que Xunta e ISM aclaren de quién dependerá el destino de la Casa do Mar.
Más complicada parace la situación de la cafetería situada también en planta baja del antiguo centro salud buenense. En este caso la Xunta de Galicia sí que comunicó hace tiempo a los propietarios que deben dejar el establecimiento porque "a súa concesión xa rematou" y no se ha dado pie a una renovación. Los responsables del establecimiento no están de acuerdo con la decisión de la Consellería de Política Social y han emprendido acciones legales para intentar defender sus intereses.
Entre los afectados existe el convencimiento de que el ISM sí quiere las instalaciones, "pero las quiere vacías" y sin cargas para disponer de ellas según su propio criterio. No obstante, también habría trasladado que no tendría inconveniente en que Apropark continuase realizando su importante labor social en el mismo lugar que ocupa.
