Preocupación en alcaldes de O Morrazo por cuál va a ser el nuevo sistema de reparto de los fondos de la Diputación de Pontevedra a los concellos. Mientras el gobierno provincial que preside Carmela Silva (PSOE) mantiene que se entregarán los fondos a los ayuntamientos en función de su población y su superficie, bien vía directa o a través de convenios, los regidores locales piden que se utilice la primera vía, que otorgaría más operatividad a los municipios, sobre todo a aquellos de menos de 20.000 habitantes, que están costeando servicios que no son de su competencia, arrebatados a través de la famosa Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
En los pasillos de la Diputación y en los corrillos municipales hay la sensación de que la forma que se va a aplicar para el reparto de fondos es la de establecer convenios. La mayoría de los regidores, muchos afines al bipartito que gobierna la entidad provincial, consideran que sería un error, una oportunidad perdida después de tanto tiempo esperando a que la situación cambiara. De esta forma, los alcaldes se encontrarían de nuevo con limitaciones. De la otra forma, los gobiernos municipales podrían diseñar los presupuestos teniendo en cuenta los fondos que directamente entrega la Diputación y dedicar el dinero a aquello que se considere más necesarios: gasto corriente e incluso financiamiento de la deuda, algo que ahora es imposible. "El grave problema con los que se encuentran los gobiernos ahora mismo es que no pueden ampliar el crédito presupuestario para hacer frente a facturas".
Otro problema que se mantendría con los convenios es que los gobierno municipales que se acogen a ellos para conseguir financiación volvería a tener las manos atadas y se encontrarían con la obligación de asumir servicios que no son de su competencia, con el propósito de no dejar "colgada" a la población. "No queremos eso de yo te envió la subvención y tú pagas el servicio y te las apañas. Nos están convirtiendo en meros intermediarios".
Además, ahora mismo, los concellos de menos de 20.000 habitantes, según la mencionada ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, están costeando servicios que no son de su competencia, como Servicios Sociales. Así, ni Bueu ni Moaña podría poner en marcha los comedores escolares ni el plan madruga, por carecer de competencias para ello, según la mencionada ley. Algunos de los alcaldes ya dejó claro en varias ocasiones a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y al vicepresidente, César Mosquera (BNG) su visión sobre este asunto. Piden que no se pierda esta oportunidad de cambiar las cosas, que los convenios no son la solución para unos gobiernos locales con escasa capacidad de maniobra y que se demuestre que hay ganas de cambiar las cosas.
