Los concellos llevan años quejándose de un excesivo control de administraciones superiores, un férreo seguimiento que no solo pone en cuestión su autonomía, sino que afecta a la prestación de servicios a sus ciudadanos. Uno de los caballos de batalla es la política de personal, con departamentos muy limitados de funcionarios, pero los ayuntamientos se han topado con serias trabas para la reposición o convocatoria de nuevas plazas. Uno de los servicios, al margen de otras vicisitudes, afectados son aquellos relacionados con la seguridad ciudadana y, en concreto, con las agrupaciones de la Policía Local.
Si años atrás los concellos que contaban con este servicio ya presentaban una ratio de agentes por ciudadano muy por debajo de lo que recomendaba por ejemplo la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) o la propia Xunta, jubilaciones u otros imponderables han rebajado el número de efectivos a unos mínimos históricos. Por poner un ejemplo, los cinco de los nueve municipios de las comarcas con Policía Local, tienen en la actualidad 14 efectivos menos que en 2012. Esta situación se debe en exclusiva al recorte de las plantillas experimentado en Lalín y A Estrada. En la capital dezana, donde llegaron a integrar esta agrupación hasta 18 agentes, en la actualidad son un total de 11 -cuatro menos de los que había hace ahora ocho años-. A raíz de una denuncia de Compromiso por Lalín (CxL) sobre la falta de efectivos para cubrir la atención 24 horas, el gobierno local acusó al cuatripartito de no reponer las plazas y anunció su intención de convocar este año la totalidad de los tres puestos vacantes. De este modo, pasaría de 11 a una quincena de funcionarios, aunque también se mantendría con una ratio insuficiente de 1,8 guardias municipales por cada millar de habitantes. Además hay que tener en cuenta que la incorporación de los nuevos efectivos podría retrasarse hasta 2021, una vez que tras el concurso-oposición, los ganadores de los puestos deberán someterse a un período de formación en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada.
La precariedad de afectivos en la capital de Tabeirós es mucho más acusada, una vez que de los 18 puestos que había hace ocho años, actualmente solo trabajan 8 agentes. Fuentes municipales aseguran que en el primer trimestre del presente ejercicio se sacará a concurso la provisión de dos plazas, pero que el refuerzo de la agrupación no será efectivo hasta el año que viene, precisamente por la fase de formación de los nuevos guardias locales. Además, conviene recordar que recientemente el concello estradense había incorporado a un agente, pero en la actualidad está de baja.
La agrupación de la Policía Local de Silleda está integrada por un inspector y seis agentes; es decir, mantiene la misma dotación de siete funcionarios que tenía en 2012. Desde el gobierno local se explica que efectivamente existen dos plazas vacantes, pero que no se prevén convocar por ahora. En el caso de Vila de Cruces, la labor de seguridad ciudadana -al margen de que al tratarse todos de municipios rurales sin Policía Nacional y estas tareas recaen en la Guardia Civil- está gestionada por una única agente.
Agolada es el único caso donde desde hace años trabaja un auxiliar de policía, sin todas las atribuciones propias de un agente municipal al uso. El alcalde, Luis Calvo, señala que modificará el método de trabajo del funcionario, al que exigirá diariamente la elaboración de un informe detallado acerca de sus servicios prestados. Por el momento no se prevé incrementar la dotación de este servicio.
