La Consellería de Política Social acaba de notificarle al Concello de Silleda la concesión de un refuerzo de 11.808 horas más al año en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que permitirá incorporar nuevos usuarios al servicio. El gobierno local había solicitado en semanas pasadas este incremento de horas. La edil de Benestar Social, Pilar Peón, apunta que "agradecemos la concesión de Política social, aunque las horas siguen siendo insuficientes para atender a los usuarios".

La concejala recuerda que la población del municipio mayor de 65 años supone en torno al 28% del total de habitantes. Así lo indicaba en su solicitud del refuerzo, a la vez que apuntaba que la modalidad de libre concurrencia creció de una forma notable en los dos últimos años en el municipio, ya que a esta categoría se acogen las personas a las que no le asiste el derecho a la prestación en el marco del sistema de atención a la dependencia.

Ahora mismo, Silleda cuenta con una disponibilidad horaria de 44.492 horas para el SAF en la modalidad de dependencia, y hay lista de espera ya que estas resultan insuficientes. Peón admite que el incremento de horas "es un paso adelante, pero debido a las características de la población de Silleda, siguen haciendo falta más horas disponibles para poder dar cobertura real a todos y cada uno de nuestros dependientes y a la familias que lo precisan". Desde abril, la empresa Pedroso y Rojas SL; Saluvi, desempeña este servicio de atención a domicilio. La adjudicación es por dos años, prorrogables por otros tantos. Saluvi ya se había encargado del SAF trasdezano entre 2014 y 2016, para posteriormente ser relevada, en la nueva licitación, por Serinter, una firma que en los últimos meses de prestación protagonizó varios conflictos con su plantilla por retraso en el pago de las nóminas, una situación que se dio también en Forcarei, donde prestaba el mismo servicio.

Para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse, en el contrato que firmó Saluvi el Concello de Silleda establece como sanción muy grave el incumplimiento en cuestiones de materia laboral como el retraso en los pagos, irregularidades en la cotización a la Seguridad Social o la no aplicación del convenio colectivo. Las multas económicas pueden oscilar entre los 5.000 y 30.000 euros, e incluso se contempla la rescisión del contrato entre la empresa y el concello, si se da el caso.