Comisiones reclama a los concellos de las comarcas la regularización de sus laborales

El proceso de estabilización del empleo público, que se reiterará mediante comunicaciones a los ayuntamientos una vez estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya fue presentado el pasado 19 de marzo con el objetivo de activar mesas de negociación, pero concellos como Lalín, Silleda o Rodeiro habrían hecho caso omiso al mismo. El acuerdo debe aplicarse a todas las administraciones públicas. Los acuerdos establecen que cada concello puede disponer de una tasa adicional de empleo temporal de todas las plazas dotadas en sus presupuestos y ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017. Para dar estabilidad a estos laborales, los puestos se organizarán mediante una oferta pública de empleo por el sistema de concurso-oposición. Las plazas deberán aprobarse y publicarse en los diarios oficiales entre este año y 2020, con el objetivo de que precisamente en 2020 la tasa de temporalidad se rebaje hasta el 8%. En todos los casos, apostilló Pedrosa, será necesario que los concellos creen las plazas para la totalidad de los temporales cuya relación laboral de los últimos tres años. Y, en relación a la oferta pública de empleo, significó que debe ser negociada, de ahí que se reiterará a los concellos la conveniencia de convocar a los representantes sindicales. Una vez, dijo, que el acuerdo está respaldado por el Estado, los concellos no tendrán excusa para aplicarlo. Aseguró que, pese a las dificultades para negociar, el Concello de A Estrada sí atendió este requerimiento, y, por otro lado, desveló que hay demandas de personal de los GES por la conversión de sus contratos temporales en indefinidos.

García Pedrosa, que compareció acompañado de Enrique González, volvió a poner en entredicho el interés del gobierno lalinense y de otras centrales sindicales como CSIF o CIG por mejorar las condiciones laborales del plantel municipal y recordó que los únicos pasos en positivo legaron después de que Comisiones presentase una demanda ante Inspección de Trabajo, que obligó al ayuntamiento a regularizar la situación de los laborales. Por esta vía, dijo, se logró que el personal del Padroado Cultural asumiese su condición de indefinido o que se le reconociese el resto de los laborales el pago de atrasos y antigüedad. En este sentido arremetió contra el alcalde, Rafael Cuíña, por manifestar entonces que este proceso supondría el desembolso de entre 800.000 euros y un millón, cuando la realidad es que ahora el propio gobierno reconoce que serán unos 100.000. "Aquí se demuestra quien miente por confundir a la gente y el que dice la verdad". También cargó contra CSIF y CIG por anunciar que con esta demanda se estaban poniendo en peligro los empleos. Insistió en que el cuatripartito también falta a la verdad cuando plantea a los laborales que registren demandas individuales para que se reconozcan sus derechos, cuando eso es algo que ya se consiguió, pues el objetivo era que pudiesen cobrar los trienios. Censuró al mandatario lalinense por manifestar públicamente en varias ocasiones que es un defensor de los derechos de los empleados municipales, cuando después no se asumen los compromisos y, insistió, en que los únicos avances conseguidos en este ayuntamiento se deben a su demanda ante Trabajo, porque de las mesas de negociación no se ha sacado nada en limpio hasta la fecha.

Por otro lado, el concejal no adscrito de Lalín Juan José Cruz dice que el tiempo le da de nuevo la razón y aduce que el alcalde mintió cuando dijo que la regularización del personal costaría cerca de un millón de euros y ahora habla de la décima parte de lo que había estimado. Alega que en los 100.000 euros se incluyen tres años de "deudas y atrasos" que corresponden a su gobierno. "Estoy por apostar que ya se les debe más a los trabajadores por los años de desgobierno de Cuíña que por los anteriores", dice.