El gobierno de Lalín realizará modificaciones en el acuerdo plenario que establece una bonificación del 95% en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que comenzarán a pagar las construcciones de uso agrario con la regularización que realizará la Dirección General de Catastro. En la última sesión plenaria, donde la propuesta salió adelante, el grupo municipal del PP ya advirtió de que la bonificación tal y como estaba planteada tenía lagunas legales.
La medida será reformulada precisamente por las dudas del ejecutivo local acerca de su legalidad, no tanto en lo que tiene que ver con la exención casi total del pago del tributo, sino por otras de tipo técnico. En la propuesta -idéntica a la también aprobada por el Concello de Silleda- se determina que el coeficiente de tributación a aplicar sobre el valor catastral de cada inmueble -en este caso referido a las explotaciones ganaderas- será del 3%. Pero con la normativa en la mano, algo que también detectó el portavoz municipal del PP, José Crespo, el tipo no puede ser menor del 0,4%. Por tanto, pese a que la bonificación fue refrendada en pleno, no entraría en vigor con estas condiciones y sería preciso reformarla para salvar los impedimentos que contravienen la normativa. Fuentes municipales admiten que la moción, que llegó a Lalín elaborada desde Silleda, "puede tener algunos resquicios, por lo que se va a estudiar muy bien todo para ver cómo se pueden aplicar estas medidas".
¿Qué puede ocurrir ahora? El Concello se verá obligado a frenar la aplicación de la bonificación tributaria hasta que cuente con el respaldo de los técnicos municipales y que la iniciativa deba ser aprobada de nuevo ya sin ningún reparo legal. En todo caso, si bien es cierto que es necesario establecer cambios en la ordenanza municipal, no existe demasiada prisa pues el proceso de regularización catastral no estará finalizado hasta el próximo año.
Un plazo de entre seis u ocho meses es el que estima Catastro que precisará para finalizar este procedimiento solicitado por el gobierno local. Además, el ayuntamiento todavía no recibió del organismo estatal una comunicación acerca del comienzo de los trabajos, que no solo afectan a explotaciones ganaderas, si no que incluye una actualización de aquellos bienes sin dar de alta y que pasarán a incorporarse al padrón. Sí entran por primera vez en este censo tributario los de uso agrario y a los que el Concello aplicará una deducción del 95% sobre el importe de los recibos.
Desde Catastro se explica que el plan plurianual 2013-2016 al que Lalín y Silleda solicitaron su adhesión. El procedimiento a seguir pasa porque Catastro y los municipios establezcan un protocolo de colaboración que pasa por el cotejo de referencias catastrales de ambas bases de datos, que se complementarán con fotografías del Plan Nacional de Fotografías Aéreas y también habrá un trabajo de campo. El procedimiento en Lalín y Silleda todavía no comenzó, pero sí debería estar próximo una vez que Catastro toma como referencia para trabajar el listado de municipios que se va publicando en el BOE. Y el del pasado 22 de febrero incluye, en la provincia a estos dos concellos dezanos y también Dozón.
En el caso de las administraciones locales que no pidieron voluntariamente su inclusión en este plan de regularización catastral, este organismo indica que podría actuar de oficio pues la medida del ministerio es común para los más de 8.000 ayuntamientos españoles. Una vez realizado todo el trabajo y antes de que los bienes de uso agrario y también los demás se incluyan en el padrón para tributar, Catastro abrirá un plazo de alegaciones.
