Dentro de la incertidumbre generalizada que presidió los primeros días de las medidas de confinamiento a consecuencia del coronavirus, uno de los colectivos que se vio obligado a actuar de manera independiente y en base a su conciencia moral fue el de los fisioterapeutas.

Como personal sanitario que son y debido a la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, los Colegios de Fisioterapeutas consideraron que era necesario adoptar medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Sin embargo, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 no dictaba indicaciones específicas para el colectivo de profesionales fisioterapeutas en esta crisis.

Del Real Decreto se interpretaba la conveniencia de continuar desarrollando con normalidad la actividad asistencial en los centros, no atendiendo a diferenciar la naturaleza de los mismos, ámbito público o privado, y lo que resultaba más preocupante, sin efectuar un análisis de los riesgos existentes durante la prestación de los servicios.

Salvador Abalo, quien ejerce como fisioterapeuta en la policlínica Patricio Serqueira de Vilagarcía, reconoce que no fueron momentos fáciles para los profesionales tras esa primera orden gubernamental, pues "en nuestro caso concreto no podemos tomar las medidas que nos piden para protegernos del contagio. Primero por el más de metro y medio de separación, que es imposible, pero tampoco se pueden conseguir los equipos de protección individual para realizar nuestro trabajo porque no hay".

A esta circunstancia había que añadirle el hecho de la consideración como centros médicos de todas aquellas clínicas privadas que desarrollaban su labor, una cuestión que todavía está en vías de solución. De no ser así, estas clínicas, además de verse obligadas a cesar su actividad y por tanto ver totalmente bloqueados sus ingresos, no tendrían acceso o posibilidad de reclamar ayudas al gobierno, precisamente por el cese de actividad.

Con el riesgo de contagio más que evidente y el limbo legal en el que se encontraban las clínicas, hubo que recurrir a la integridad moral para cesar los servicios. "La salud está por encima de todo. Hablamos de un trabajo en el que el contacto físico con el paciente es lo habitual. No fue una decisión fácil de tomar, pero nos adaptamos a ella desde el primer minuto", apunta Salvador Abalo

En el caso de los fisioterapeutas autónomos también se está trabajando a través de la acción de los colegios en la tramitación de baja laboral por riesgo. "Nos toca pelear para que a través de los colegios se incluyesen en el próximo Decreto los centros privados porque al no estar incluidos para solicitar luego las ayudas sería muy complicado, nos vemos en la diatriba de no poder abrir y de no poder reclamar las ayudas".

Después de unos días de incertidumbre generalizada, en la que la apertura de clínicas de fisioterapia quedaba a la decisión individual de cada propietario primero y de sus trabajadores después, la Xunta de Galicia ordenó el cierre inmediato sin exclusión de todos los centros en los que se imparta fisioterapia. Esta suspensión de apertura al público trajo consigo una primera buena noticia para el sector después de casi una semana envueltos en una disyuntiva que solo aclaraba la responsabilidad moral y social de cada uno de los centros. "La medida adoptada por la Xunta puede ser un primer paso para que el gobierno nacional nos sitúe como centros médicos y podamos adoptar las mismas medidas", señala Salvador Abalo Vilas.

Laura Ozores, fisioterapeuta en el Centro Médico Jacinto López de Vilagarcía, también expresó su malestar por el desamparo de la fisioterapia privada. "Nos dejaban la pelota en nuestro tejado. En nuestro caso también decidimos cerrar porque no podemos adaptar nuestro trabajo de ninguna de las maneras a los protocolos dictados en materia de contagios. Es materialmente imposible seguir un tratamiento sin contacto con el paciente".

Reconoce también Laura Ozores que la comprensión de los pacientes fue absoluta y total desde el primer momento, "fueron los primeros en adaptarse a una nueva situación que nos obliga a todos a cambiar el paso. Ellos mismos, y por su propia voluntad, anularon sus citas".

Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, al que también se han sumado otros como los de podólogos, ópticos, logopedas y terapeutas ocupacionales, se insta al gobierno central a "que emita una directriz a las autoridades laborales de las comunidades autónomas, que son la autoridad competente para evaluar los ERTES que están presentando los profesionales adscritos a estos seis consejos colegiales sanitarios, y que admitan como causa de los ERTES la fuerza mayor tal como regula el artículo 22 del Real Decreto de 17 de marzo, por ser centro de atención directa al público y tener la falta de suministros de medidas de protección que impiden gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del COVID-19. De esta forma, al mismo tiempo, se garantizará el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de todos nuestros colegiados".