Bateeiros, cofradías de pescadores, depuradores de moluscos, cocederos y conserveras. Todos integran ese sector del mar que desde hace meses muestra un rechazo frontal al Reglamento General de la Ley de Costas en fase de tramitación por parte del Gobierno de España. Y aunque parece que su presión se ha detenido, en realidad no es así. El colectivo sigue dando pasos, entre ellos el de entregar una propuesta de moción a todos los grupos políticos, con la esperanza de que la traten y aprueben en el Parlamento de Galicia, dando así la puntilla a ese temido articulado.
Es, cabe recordar, un reglamento que introduce aspectos "restrictivos" que generan "inseguridad jurídica", según denuncian en el sector industrial cuando alertan de la pretendida limitación de las concesiones para ocupar la fachada litoral.
Captación de agua de mar
En la moción conjunta planteada a todas las formaciones se reclama al Parlamento que presione al Estado hasta conseguir "que la reforma de la normativa de Costas mantenga el actual sistema regulatorio de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre para los establecimientos del complejo mar-industria alimentario, dada su vital dependencia de la captación directa del agua de mar y, por tanto, la necesidad de ocupar parcialmente esa zona marítimo-terrestre".
Al aludir a la necesaria presencia de conserveras, cocederos y depuradoras en la línea de costa, lo cual cree imprescindible "para el funcionamiento racional y sostenible de dichos establecimientos", el sector del mar reclama, también, "que se reconozca la realidad de la comunidad autónoma en relación a la relevancia histórica y socioeconómica del complejo mar-industria", el cual consideran "base fundamental para el desarrollo social y económico de esta comunidad".
Básicamente, lo que persigue el colectivo es que se tengan muy presentes las singularidades de Galicia a la hora de desarrollar el Reglamento General, puesto que el que actualmente se tramita "demuestra un claro desconocimiento de la realidad social de Galicia".
Estudio de impacto
En este sentido, la misma moción reclama que antes de cualquier modificación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica "se elabore un estudio del impacto socioeconómico que la reforma puede imprimir sobre el complejo alimentario mar-industria", procediendo incluso a la formación de "una mesa de análisis y negociación con los sectores vinculados al mar para alcanzar un acuerdo que permita que el proyecto de Reglamento General de Costas tenga en cuenta la relevancia socioeconómica de este colectivo y sus reivindicaciones".
Todo esto integra la parte dispositiva de la moción elevada a los diferentes grupos parlamentarios. Para justificar tales peticiones, el sector argumenta y lamenta que el proyecto de borrador en el que trabaja el Gobierno de España establece "nuevos criterios en las condiciones de otorgamiento y prórrogas sucesivas" que "limitan y condicionan" las concesiones en dominio público marítimo-terrestre.
"Criterios abstractos"
Alegan que se fijan "nuevos y más restrictivos requisitos para nuevas concesiones o renovación de las ya existentes, estableciendo para ello una serie de criterios abstractos cuya aplicación queda supeditada a la discrecionalidad del órgano administrativo que las tramite, pasando de los cuatro criterios orientativos hasta hoy vigentes a los 18 que se propone introducir, lo cual provoca en las empresas una alta inseguridad jurídica".
Como ya habían avanzado en otras ocasiones, entre los requisitos "abstractos" que se introducen están "el impacto paisajístico, la protección ecológica de la integración tierra-mar, el incremento de altura de las olas o los cambios de dirección de las mismas".
Prórrogas en entredicho
Tales condiciones, explican los ponentes, "también serán aplicables a todas las empresas que ya tienen una concesión en vigor actualmente, de tal modo que en las sucesivas prórrogas estas nuevas condiciones serán de aplicación, con independencia de las condiciones iniciales en las que se otorgó el permiso".
Dicho de otro modo, que las concesiones actuales "pasan a ser papel mojado, ya que serán revisadas y, en su caso, anuladas o modificadas con la solicitud de las prórrogas ordinarias o extraordinarias".
