El enfrentamiento abierto que mantiene el Concello de Vilanova con la Diputación ha vuelto a agitarse por causa de una sentencia, la del vial de Baión. En este caso, la resolución del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra ha decidido rechazar la denuncia de Vilanova, pero el falo deja una serie de consideraciones a las que el alcalde, Gonzalo Durán, no ha dudado en agarrarse.
Esas dudas inciden en la posible existencia de "una falta de voluntad política", e incluso, "desviación de poder" en la decisión del organismo provincial de paralizar las obras. Esos dos comentarios le sirven a Durán para cargar duramente contra la presidenta de la Diputación y a lanzar una advertencia: "acudiremos a la Fiscalía y a la vía penal para que se abra el caso Carmucha, porque mucho nos tememos que se pueda haber incurrido en un caso de prevaricación".
Justifica estas palabras Durán en que no solo Vilanova se ha visto afectada por la paralización de obras, sino que estas "han afectado a siete municipios de la provincia, y es cierto que en la sentencia se señala que, en una sola obra, no existen indicios para afirmar estas acusaciones, pero cuando ya son siete, la cosa cambia". Es por ello que el regidor vilanovés considera que "la Fiscalía tiene que actuar ya, independientemente de la vía política que escoja el PP en Diputación, analizando cada uno de los siete casos, porque ninguna de esas obras se ha hecho cuatro años después".
El fallo judicial también se da, entiende Durán, porque la Diputación alegó que "no se habían puesto los terrenos a disposición para ampliar la carretera ¿Desde cuando el Concello tiene que expropiar parcelas para un vial provincial?".
Para el vilanovés lo que ha ocurrido es "un procedimiento anómalo, con la sobras en siete carreteras de la provincia, casi unos 30 millones de euros, que han ido a parar a Vigo; ha llevado tiempo que alguien dijese lo que está escrito en la sentencia, que se está obrando por intereses políticos desde la Diputación, y eso, Carmela Silva, es para dimitir". Insiste en este hecho, señalando que "si te acusan de utilizar las administraciones para intereses partidistas, y quien lo dice es una magistrada en una sentencia, debe haber responsabilidades, las más altas, sobre todo si se tienen en cuenta que hay otros seis casos más". La sentencia ya es firme, ya que ni el Concello de Vilanova ni la Diputación presentaron recurso, algo que lleva a Durán a afirmar que en el organismo provincial "lo callaron y aceptaron".
