El Ministerio Fiscal tiene ahora en sus manos la decisión sobre el futuro del procedimiento judicial por presunto cohecho contra el presidente de la Diputación en funciones y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán. El asunto está pendiente de calificación, y dependiendo de la propuesta del fiscal, el juez instructor de Cambados decidirá posteriormente se sigue el procedimiento y dicta la apertura de juicio oral o si lo archiva.
Rafael Louzán fue llamado a declarar a mediados de marzo pasado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados, acusado de haberle alquilado con sobreprecio unos bajos comerciales en Vigo a un diputado provincial del PP.
En aquella ocasión, Louzán no quiso declarar ante el juez, a pesar de que al entrar al edificio judicial dijo que ofrecería su total colaboración a la justicia. Posteriormente, a la salida explicó su decisión de no responder a las preguntas del juez, Juan Manuel Hermo y del fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló alegando que hablaría ante ellos "en otra comparecencia". Pero probablemente ya no se produzca puesto que fuentes jurídicas consultadas sostienen que ya no tiene mucho sentido llamar a declarar de nuevo a Louzán cuando el procedimiento está pendiente de calificación.
En el asunto hay tres imputados (ninguno de ellos declaró en marzo) y el juez solicitó una serie de diligencias, como las retribuciones obtenidas por el diputado Severino Reguera. Así, el juez pretende dilucidar si el diputado conservador obtuvo algún tipo de contraprestación por haber alquilado esos bajos a Louzán y a su esposa. Se da la circunstancia de que Reguera es el propietario de la empresa que arrendó los inmuebles.
Otra de las diligencias que se incorporaron al sumario fue aportada por las defensas de los imputados, que entregaron unas periciales sobre la valoración de los alquileres, en las que se concluye que son adecuadas al precio de mercado, y solicitaron asimismo que fuesen llamados a declarar los responsables de una serie de inmobiliarias para que ratificasen o no los contenidos de ese informe.
Louzán había dicho también al salir de los juzgados que el proceso "es una cuestión de ámbito privado, un contrato de arrendamiento entre dos personas privadas que nada tiene que ver con el cargo" que ambos ostentan. También añadió que "ninguna de las decisiones adoptadas en la Diputación han tenido que ver con favorecer" a Reguera, y de hecho recuerda que no está en el equipo de gobierno del ente provincial.
