La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ha vuelto a ganar otra batalla contra la instalación de los depósitos de hidrocarburos en el muelle vilagarciano de Ferrazo. El Tribual Supremo acaba de desestimar el recurso de casación interpuesto por las empresas propietarias de los tanques, Finsa y Foresa, contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba la licencia concedida por la Xunta de Galicia por no contar las instalaciones con un estudio previo de impacto ambiental en una ría de gran importancia pesquera y marisquera.
El colectivo promotor del contencioso administrativo, la Plataforma en Defensa da Ría, aún no se reunió para hacer una valoración de este nuevo fallo judicial, en tanto que los grupos ecologistas de la comarca han preferido esperar al pronunciamiento de esta agrupación que ha liderado la oposición de los vecinos de la ría de Arousa a los tanques de combustibles portuarios.
En la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, a mediodía de ayer, aún no se había dado comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que su máximo responsable, Javier Gago López, no ha querido pronunciarse. Se da la circunstancia de que Gago López es conocedor de todo el expediente de los depósitos de Ferrazo porque en el momento de su tramitación ocupaba el puesto de alcalde de Vilagarcía.
En el ámbito municipal, el grupo de gobierno actual, que preside Dolores García Giménez, ha sido muy escueto, indicando que “las sentencias hay que cumplirlas”.
Por su parte, el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Bieito Lobeira, y el coordinador comarcal del BNG en O Salnés, Duarte Correa, que en su día apoyaron un proceso negociador para el desmantelamiento de los depósitos de hidrocarburos del Puerto de Vilagarcía, comparecen este mediodía en la ciudad para hacer una valoración de la situación actual de estas cuestionadas instalaciones.
El fallo del Supremo cierra el proceso de recursos y procede a imponer las costas procesales causadas a las partes recurrentes, las empresas Finsa y Foresa. En este último estamento judicial, la otra parte implicada, la Consellería de Industria que concedió la licencia anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ya renunció en 2006 a la presentación de recurso.
Hace ya dos años, el 28 de abril de 2006, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG estimó el recurso interpuesto por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa contra la autorización autonómica de las instalaciones para el almacenamiento de productos químicos petrolíferos en el muelle vilagarciano de Ferrazo. En consecuencia el TSXG acordó anular las resoluciones recurridas por ser contrarias a derecho.
El máximo Tribunal gallego consideró, tal como planteaba la Plataforma que unos depósitos de combustible de esas características deben contar con un estudio de impacto ambiental, en cumplimiento de los artículos 2.1 y 4.2 de la Directiva 85/337 de la Unión Europea, relativa a la evaluación y repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente.
En el caso de los depósitos de combustible de Ferrazo, se obvió este estudio de impacto por entender que los organismos portuarios estaban exentos de este tipo de procedimientos. Tanto el TSXG como el Supremo entienden que la exigencia de estudio de impacto, según la normativa europea era aplicable en el caso de los tanques de combustible de Ferrazo en razón del efecto directo de la misma en el derecho interno, aunque el Estado español no hubiera efectuado su transposición en los proyectos incluidos en el Anexo II.
Por otra parte, en su recurso las empresas Finsa y Foresa cuestionaban la idoneidad de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa para actuar contra la instalación de los tanques de combustible ubicados en el Puerto de Vilagarcía por entender que no es parte interesada en este asunto.
Esta cuestión es desmontada por la representación legal de la Plataforma y admitida por el máximo Tribunal, dado que en este colectivo están integrados cofradías, asociaciones de productores de mejillón y otros colectivos pesqueros y marisqueros, así como asociaciones de vecinos de la ría de Arousa directamente afectados por los depósitos de hidrocarburos.
Tras el fallo del TSXG, la Plataforma inició gestiones con los grupos políticos representados en el Parlamento de Galicia con el fin de negociar el proceso de desmantelamiento de los tanques. Sin embargo, estas negociaciones no prosperaron como deseaban los representantes del colectivo de la ría, entre otros motivos, porque se esperaba el fallo sobre el recurso de casación.
