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El futuro contrato de la basura se encarece en un millón de euros antes de su aprobación

Llega a los 11,6 millones para actualizar el IPC e incorporar los costes de la energía y los industriales | El mayor incremento se produce en el capítulo de personal | La amortización del acuerdo se incrementa de 16 a 20 años

Recogida de los contenedores marrones en el mercado de abastos. | // R.V.

El Concello detiene la tramitación del nuevo contrato de la basura para adaptarlo a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) y los nuevos costes de la energía. Con esta adaptación el contrato se encarecerá en un millón de euros, para pasar de los 10.700.000 a 11.670.000 euros. El incremento del precio está vinculado principalmente a los costes de personal y el objetivo de esta adaptación del presupuesto es que se presenten al concurso el mayor número de operadores posible, según indicó ayer el edil responsable de Residuos, Raimundo González.

Así, el concejal indicó que es el aumento del IPC y los costes energéticos los que elevan el nuevo contrato de gestión de residuos de Pontevedra hasta los 11,6 millones de euros. Recordó, por otra parte, que este futuro contrato supondrá un cambio de paradigma y una transformación total en el campo de la gestión de residuos municipales. Se pasa a considerar los residuos como un recurso y se reduce la contaminación.

Raimundo González expuso ayer la actualización del estudio económico-financiero, de viabilidad y el anteproyecto de explotación de este contrato de concesión de servicio público de gestión de residuos, de competencia municipal. “El incremento desmesurado del IPC, junto con la incertidumbre económica que esto provoca y que está manifestándose también en los costes de personal; al igual que los costes energéticos y el incremento en el precio de los bienes industriales, nos lleva a resetear el estudio económico para hacerlo de nuevo”, indicó González. “Es una decisión tomada una vez recibido el informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) que analiza la sostenibilidad de los contratos de concesión de servicios públicos”, explicó.

En palabras del edil de Residuos, este informe podía ser incorporado “y nada más”, dado que no es vinculante. El informe venía a decir que el período de amortización de la concesión era de 16 años, siendo la duración del contrato de veinte años, por lo que había una discordancia entre la recuperación de la inversión y la duración del contrato. Aún así, “tuvimos una reunión con los diferentes técnicos del Concello encargados de este asunto, para analizar y ver la implicación de la nueva ley. El servicio gestor estimó que era necesario rehacer el estudio económico porque hubo, desde la fecha de elaboración hasta ese momento, un aumento sustancial del IPC”, explicó el concejal.

El nuevo estudio económico ya está hecho y el importe del contrato pasa de los 10,7 millones de euros anteriores, hasta los 11,6 millones actuales. Este incremento de un millón de euros sale principalmente del nuevo convenio colectivo, que supone casi 700.000 euros de subida; además de los costes de los carburantes y, también, el de los bienes industriales. Es un contrato intensivo al contado de obra, “por lo que no es una sorpresa”, argumentó González Carballo.

Al mismo tiempo, se aprovechó ese reinicio de la tramitación para adaptar el informe de la ONE y “ahora la recuperación de la inversión y la duración del contrato quedan ambos en veinte años”, añadió.

En todo caso, las prestaciones del contrato, además del tratamiento de los residuos, no notarán “un ápice” de variación de lo que había con anterioridad, tal y como indicó González. “Es decir, si tomamos como referencia lo que podemos llamar borrador anterior, no hay ningún cambio en lo que se refiere a rutas, recuperaciones, compostaje, centros comunitarios, individuales, etcétera. Todo continúa igual en ese sentido”, explicó el concejal.

González Carballo recordó que este es el contrato más grande del Concello “con diferencia” y el interés de la Administración es que se presente el mayor número de operadores posibles, independientemente de que haya bajas o no, pero el precio inicial de salida no debe retraer a ciertos operadores a la hora de presentarse. “Este contrato supondrá un cambio radical, una transformación total y un cambio de paradigma en la gestión de residuos municipales. De una parte, pasa a considerarse el residuo como un recurso; por otro lado, la merma de la huella de carbono de manera sustancial”, como apuntó el concejal de Residuos.

El Concello prevé que pueda licitarse en diciembre

La xunta de goberno local aprobó ayer el nuevo inicio de todo este procedimiento administrativo, para volver a enviar este estudio a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) y continuar con todos los pasos necesarios para aprobación, licitación y posterior puesta en marcha del nuevo contrato. El concejal estima que el nuevo contrato pueda estar en fase de licitación el próximo diciembre, una vez que la ONE responda al nuevo anteproyecto. La actual concesión de este servicio, ya prorrogada varias veces, llegará al próximo mandato municipal, con lo que será el gobierno local que surja de las urnas en mayo de 2023 el que apruebe, o no, la nueva adjudicación. Esta prórroga por un año obliga a la concesionaria PreZero (antes Cespa) a intensificar la recogida de biorresiduos, siguiendo el mandato de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La nueva ley impone la separación y tratamiento de la fracción orgánica, con lo que Pontevedra tiene el deber de incrementar su grado de cumplimiento.

Sin contenedores

Con el futuro contrato de la gestión de la basura se prevé retirar todos los contenedores del centro histórico de la ciudad durante la mayor parte del día. Serán instalados y retirados en un horario determinado, en el que los vecinos deberán depositar los residuos. Se mantendrá y se reforzará el sistema de recogida puerta y puerta vigente, tanto de cartón como de vidrio. Además, está prevista la eliminación de todos los contenedores de basura del casco histórico, ya que el actual sistema estático se sustituirá por uno móvil (de quita y pon), fundamentalmente en lo relativo a los biorresiduos. El nuevo contrato contempla la prestación del servicio durante 7 días a la semana en el ámbito urbano y periurbano, y 2 o 3 días a la semana en los espacios con población diseminada. Las inversiones superarán los 23,2 millones de euros. En ella se encuentra toda la maquinaria y también la construcción de la planta de compostaje.

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