El gobierno local de Pontevedra lamenta que la Xunta de Galicia dé trámite a una solicitud urbanística de Ence sobre una concesión que está anulada por sentencia judicial e informará negativamente a dicha solicitud.
La pastera presentó ante la Xunta de Galicia, a mediados del pasado mes, una propuesta para modificar el plan sectorial de incidencia supramunicipal, vigente en Lourizán desde el año 2012, cuando se publicaron dichas normas.
En representación del gobierno local de Pontevedra, la concejala Carme da Silva criticó este miércoles la “connivencia entre empresa y Partido Popular desde la Xunta de Galicia" para dar trámite a esta solicitud, ya que se basa en una concesión anulada por sentencia judicial.
“La solicitud no deja de ser ser sorprendente, pero Ence, en esa maniobra de confusión permanente a la sociedad y de jugar con el futuro del personal de la empresa, sigue intentando trasladar que el futuro de la empresa está en Lourizan, cuando sabe perfectamente que su futuro pasa por salir de la ría”, apuntó Da Silva. “Incluso llega a justificar esta solicitud de modificación del plan sectorial de incidencia supramunicipal en la prórroga”, añade la concejala, quien recuerda que con anterioridad Ence ya hizo una solicitud parecida, concretamente en el año 2018, en la que ya se le advertía de que esa prórroga estaba sub iudice. “Y a día de hoy esa prórroga tiene una sentencia anulatoria de la Audiencia Nacional, por lo tanto Ence debería que estar trabajando, desde hace tiempo, en buscar alternativas serias para trasladarse y no seguir erre que erre intentando justificar que el futuro de Ence está en Lourizan”, indica la portavoz del gobierno municipal.
Desde el Concello de Pontevedra “no se entiende que la Xunta dé trámite a esta modificación del proyecto sectorial, una vez que se trata de una entidad privada que tiene una prórroga anulada”, explica la edila, quien argumenta que la Xunta debería haber contestado a esta solicitud que habrá que esperar al menos porque hay una sentencia anulatoria de la Audiencia Nacional “que además es muy, muy, contundente”.
En todo caso el Concello ha dado respuesta a la Xunta de Galicia con informes de Arquitectura, Ingeniería, Inspección Urbanística y otros departamentos municipales, para rechazar esta solicitud. Las conclusiones de dichos informes indican que se aprecia “una inconcreción absoluta” en la documentación presentada, además de errores en cuanto a la ocupación del territorio “porque hay volúmenes y alturas en el dominio público que no se corresponden con la realidad”, el consumo de agua tanto para la planta de cogeneración como para otras actividades “no se justifica”, o que hay problemas de ruidos y de hecho hay varios expedientes abiertos por ruidos de la fábrica “y no plantea ninguna solución”. Otras razones en las que se asienta el informe desfavorable del Concello es que la planta ocupa en la práctica más terrenos de dominio público del que presenta, no cumple las Directrices de Ordenación del Territorio y del Plan de Ordenación del Litoral “que están plenamente vigentes y que ya lo estaban cuando se aprobó definitivamente el actual proyecto sectorial”, no hay un estudio de caudal de agua, no figuran los parámetros de aguas residuales que va a verter Ence, hay una “ausencia de previsión” de separativa de aguas pluviales, infringe el reglamento de uso de vertidos de la red municipal de saneamiento “cuando hay partes que se conectan a la red de saneamiento”, hace mención a 5.000 puestos de trabajo pero no se documentan en ningún momento del documento, no hay medidas de contención por los problemas de ruidos, no hay ningún análisis del riesgo de inundación –apunta Da Silva—al margen de la propia sentencia de la Audiencia Nacional “que ya anula la prórroga de la concesión”.
El informe del Concello también advierte del incumplimiento de la Ley de Costas, porque la planta ocupa más espacio de lo que podría en dominio público, según el gobierno local.
"La solicitud de Ence supone una tramitación que no se le admitiría a nadie”
Carme da Silva subraya que la solicitud de Ence supone “una tramitación que no se le admitiría a nadie” por cuanto se trata de iniciar un expediente “cuando hay una sentencia rotunda en contra de la concesión”.
“Ence, con esto, pretende legalizar la planta de cogeneración e incluir una serie de modificaciones internas que ya planteó en un proyecto sectorial anterior que ha quedado parado y ahora vuelve con estas modificaciones con unas pequeñas”, apunta la concejala.
El gobierno local de Pontevedra insiste una vez más en que “tanto Ence como la Xunta tienen que ponerse en serio a trabajar para buscar una ubicación alternativa, porque la fábrica no va a continuar ahí”.
El Concello de Pontevedra dará traslado a la Xunta de este informe desfavorable a la modificación, “entendiendo además que se trata de la modificación de un Plan Sectorial de incidencia supramunicipal que debería estar derogado, porque era para hacer una planta de papel tisú y esta planta no se hizo, por lo tanto, si desaparece el objetivo del plan, este en sí mismo ya estaría derogado”, añade la portavoz del gobierno local
“Todo esto es un intento por parte de Ence de seguir enredando con malas mañas a la ciudad de Pontevedra, además de a su propio personal, y lo triste es que se hace con el acuerdo con la connivencia del Partido Popular en la Xunta de Galicia”, concluye Carme da Silva.
