Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y responsables de la práctica totalidad de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra como protesta frente al proyecto de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana. Convocados por la Plataforma “No a la España insegura”, los agentes criticaron que la modificación que se plantea de la conocida como “Ley Mordaza” se haya llevado a cabo “sin diálogo” y de manera “arbitaria”, al no haber consultado a la hora de su redacción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En Pontevedra, tanto Víctor Vasco, del comité ejecutivo federal del SUP; como Agustín Vigo, de la UFP, explicaron que la reforma de la ley “va a generar una inseguridad total a los policías a la hora de hacer su trabajo lo que va a redundar también en una mayor inseguridad para los ciudadanos”.

Ambos representantes sindicales destacaron, además, que la reforma de la ley se produce en un momento en el que están detectando una mayor conflictividad social tras la pandemia y cuando “las agresiones a policías se están disparando y nuestras actuaciones se están viendo comprometidas por la pérdida del principio de autoridad.

"Esta reforma deja a los policías y guardias civiles a los pies de los caballos"

La reforma “deja a los policías a los pies de los caballos”, aseguran. Algunos de los puntos de la reforma con los que están totalmente en desacuerdo son, por ejemplo, la identificación de indocumentados que no podrán durar más de dos horas, “algo inviable”, según Víctor Vasco. También lamentan que la reforma afecte a la presunción de veracidad de los agentes, “siendo cuestionados solamente por ser policías”. Critican que se plantee la posibilidad de la celebración de manifestaciones espontáneas sin previo aviso o a las limitaciones al material que pueden utilizar para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Además, cuestionan la rebaja de las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública. También se oponen que se autorice la grabación toma de imágenes de sus intervenciones por terceros, “dado que esto puede dar pie a que recibamos amenazas nosotros o nuestras familias por parte de grupos antisistema”.

Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil contaron con la presencia de miembros del PP de Pontevedra en apoyo a sus reivindicaciones.