Los comuneros de Mourente, propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el actual Hospital Montecelo, defienden que el canon que la Consellería de Sanidade les pague por su uso sea a 50 años con posibilidad de prórroga.
La única condición que ponen a la Xunta es que se trate de “un hospital público y generalista”, asegura su presidente, Carlos Morgade, que informa de que ahora están a la espera de una nueva reunión en la que se abordará la cuantía, todavía por fijar, y se analizará un borrador del nuevo acuerdo.
“Nos informaron de que sí apostaban por el canon y que los técnicos tenían que revisarlo”, explica.
Una de las principales cuestiones es el horizonte que se fijará en el contrato. Sanidade convocó a una reunión a los comuneros el pasado viernes, horas después de que FARO publicase que se descartaba la expropiación de los terrenos.
“La mayor garantía jurídica para nosotros no va a estar en lo que se ponga en el convenio, sino en que la gente valorar poder contar con un hospital de proximidad”
En ese primer encuentro, que la comunidad llevaba reclamando meses, se planteó que el pago podría ser por medio siglo con posibilidad de prórroga, la fórmula que defienden los propietarios, o con carácter indefinido, la opción que en un principio parece gustar más al gobierno autonómico.
“La mayor garantía jurídica para nosotros no va a estar en lo que se ponga en el convenio, sino en que la gente valorar poder contar con un hospital de proximidad”, consideran los comuneros.
La Comunidad de Montes de Mourente fue reconocida en julio de 2018 por el Tribunal Supremo como propietaria de los terrenos sobre los que se alza el viejo hospital. Y desde entonces arrastra un conflicto no resuelto con la Xunta.
“Lo único que nos han dicho por ahora es que el precio del canon no puede ser superior al precio que se ofrecería en caso de expropiación”
El inicio de las obras de la ampliación para crear el futuro Gran Montecelo ha precipitado por fin un acercamiento entre ambas partes que podría resolverse en cuestión de días o semanas.
“Nos dijeron que apostaban por el canon y que a ver cómo se podía encajar. El precio que nosotros proponemos les parece razonable, pero quieren estudiarlo”, avanza Carlos Morgade, que confiesa que por el momento, al estar abierto el proceso de negociación, no puede hacer pública la cantidad. “Lo único que puedo decir es que nosotros hicimos la tasación y que nuestra petición ahora es mucho menos de la mitad de lo que se pediría a un arrendatario”.
“Lo único que nos han dicho por ahora es que el precio del canon no puede ser superior al precio que se ofrecería en caso de expropiación”, añade.
Carlos Morgade está convencido de que en caso de que se hubiese llevado a cabo la expropiación, que realizaría la Consellería de Infraestruturas, ahora mismo se encontrarían en la misma situación que los propietarios particulares que han tenido que abandonar sus propiedades, que recurrirán a la Justicia para reclamar un importe mayor, ya que el justiprecio tampoco ha satisfecho sus expectativas.
