La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves un juicio contra seis personas para las que Fiscalía solicita cuatro años y tres meses de cárcel, por ser directivos de una asociación empleada para traficar con cannabis.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, la entidad figuraba inscrita en el registro de asociaciones de la Xunta y estaba dirigida a integrar a personas consumidoras de marihuana y a todas aquellas que apoyasen la normalización de esta sustancia.
Los seis posteriormente encausados figuraron como presidente, secretario, tesorero y vocales, respectivamente.
A raíz de una investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, se constató que estos individuos, entre octubre de 2017 y julio de 2018, se sirvieron de la entidad para el “acopio y comercialización de estupefacientes, en concreto, cannabis y hachís”.
Distribución
En concreto, su actividad se centraba --subraya la Fiscalía-- en la distribución de estupefacientes, sin que constase el modo exacto en que se proveían de la sustancia que luego vendían.
Además, el escrito señala que, a pesar de lo que figuraba en los estatutos de la asociación --cuya sede, situada en Pontevedra, fue registrada en julio de 2018--, no constaba que se realizase un cultivo de cannabis para autoconsumo privado y exclusivo de sus socios, sino que se destinaba a la comercialización de la sustancia.
Asimismo, en ocasiones a los compradores de las sustancias se les hacían figurar como socios de la entidad, a la que abonaban las cuotas dinerarias correspondientes. No obstante, no se establecía ninguna medida de control sobre el destino de la droga entregada ni sobre quién la consumía, explica la Fiscalía.
Vigilancias
Todo comenzó a raíz de la identificación de varios individuos que salían del local de la asociación con bolsitas que contenían marihuana.
Así, las vigilancias desarrolladas por los policías permitieron constatar la afluencia de una “generalidad indeterminada de personas” en el establecimiento.
Finalmente, en julio de 2018, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del interior del local, donde los agentes identificaron a varias personas y se incautaron de numerosos efectos, entre ellos diversas cantidades de marihuana, material informático, facturas y documentación contable de la asociación.
A raíz de estos hechos, la Fiscalía pide para los seis responsables de la entidad una pena que suma un total de cuatro años y tres meses de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita.
