Todos los pontevedreses abonados al servicio de recogida de basura pagarán desde este mes de abril un mínimo de dos euros más por recibo a causa del "tasazo" de Sogama, un aumento del 34% decretado por la Xunta en el canon que se cobra a los concellos por el tratamiento de sus residuos sólidos. Sin embargo, aunque los ciudadanos sí pagarán de su bolsillo ese incremento, el Concello no utilizará esos fondos para abonar, a su vez, el citado "tasazo" a la empresa pública. Después de varias semanas en las que se asumió que sí habría que abonar ese aumento, el gobierno local confirmó ayer que se declara "insumiso" contra la Xunta y la citada compañía, y no solo mantiene vivo el largo pleito judicial por el precio del servicio, sino que ha decidido que no hará frente al 34% de aumento del canon pese a que sí lo repercute en los recibos de los ciudadanos.
Así lo anunció ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, quien esgrimió precisamente el proceso judicial abierto, este vez ante el Tribunal Constitucional, para argumentar que "se trata de una medida coherente y siguiendo los consejos de la asesoría jurídica municipal". Se le echó en cara que esta "insumisión" choca con la decisión de sí subir el recibo a los abonados, pero el edil sostiene que con esos fondos "se hará frente a los pagos de Sogama si acabamos perdiendo el pleito, o se podrán usar para otros servicios a los ciudadanos si lo ganamos", sin más precisiones. Además, llegó a recordar que el "tasazo" de Sogama obligaría a elevar el recibo domiciliario unos 18 euros al año, si bien la repercusión final fue de 12. En todo caso, si estaba previsto no pagar ese aumento del 34% a la empresa pública, se podría haber aplazado la subida del recibo, si bien todo apunta a que el gobierno local tiene escasas esperanzas de que prospere su recurso de última hora ante el Tribunal Constitucional.
El recurso de amparo ante el Constitucional responde a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de octubre pasado que dio definitivamente la razón a la empresa pública en el largo pleito por el canon de la basura. Desde hace años, Pontevedra esgrime el "contrato propio" entre el Concello y Sogama, que incluye una cláusula energética. Con ella, el precio del canon que debe pagar el ayuntamiento descendería a medida que sube el precio de la luz que genera y vende la planta de Cerceda con la incineración de las basuras. Pero después de años de fallos a favor de uno u otro, la sentencia del TSXG parecía condenar a Pontevedra a pagar una deuda millonaria. Todo apunta a que acabará siendo así, de ahí la repercusión del "tasazo" en los recibos domiciliarios, pero se acudió, como último intento, al Constitucional alegando que el último fallo del TSXG vulnera un derecho fundamental, el de "tutela judicial". Aún no se sabe si este recurso de amparo será admitido a trámite.
Órdenes del BNG
La "insumisión" que acaba de decidir el gobierno local con respecto a Sogama se produce apenas unos días después de que el BNG aconsejara a sus alcaldes a adoptar esa medida. Sin embargo, el equipo nacionalista de Pontevedra asegura que su decisión no corresponde a instrucciones de partido. "Compartimos la movilización de los alcaldes, pero nosotros seguimos nuestra propia linea y pagaremos el servicio de Sogama según nuestro propio contrato" y se mantendrá la estrategia judicial ya en marcha. Esta estrategia "nos impide llevar acabo acciones contradictorias y si siempre hemos defendido nuestro contrato propio, tenemos que seguir defendiendo esa posición", explicó ayer González Carballo para tratar de justificar la extraña decisión no pagar un "tasazo" que sí se repercutió a los ciudadanos. De hecho, cuando se acordó subir el recibo domiciliario a razón de un euro al mes, se dijo que se aplicaba para hacer frente a una subida de Sogama que ahora no se abonará.
