Entre el 7 y el 22 de agosto, los propietarios de al menos 400 fincas particulares de todo el municipio tendrán que pasar gradualmente por las oficinas municipales para estar presenten en el proceso de ocupación y expropiación puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de disponer de los terrenos necesarios en los que ejecutar el macroproyecto de nueva red de abastecimiento a los municipios de la ría.
La empresa pública Acuaespaña (nueva denominación de Acuanorte tras la fusión de varias confederaciones hidrográficas) ha abierto ya el proceso de exposición de los bienes afectados en los municipios de Pontevedra, Poio y Sanxenxo, si bien es la capital la que suma mayor número de parcelas. Esa relación de bienes afectados incluye un total de 394 propiedades particulares, de las que 45 serán expropiadas directamente ya que en el resto la ocupación se estima que se limitará al tiempo que duren las obras o quedarán afectadas por servidumbres de paso de las infraestructuras hidráulicas.
Además, el listado se limita a propiedades estrictamente particulares, ya que no incluye ningún terreno público (especialmente viales de alguna administración) ni tampoco suelo de ninguna comunidad de montes pese a que, por ejemplo en la de Lérez está previsto ocupar unos 10.000 metros cuadrados con el fin de ampliar la estación potabilizadora para todos los municipios. Tampoco aparece la comunidad de Mourente, lo que podría explicar el hecho de que muchos vecinos hayan recibido ya la notificación de estas inminentes expropiaciones, pero no los colectivos comunales, según confirmaron los presidentes de Lérez y Mourente, Miguel Vilaboa y Carlos Morgade respectivamente.
Las superficies que se deben expropiar son en muchos casos de escasa superficie, por debajo de los 25 metros cuadrados e incluso menos de uno, pero sí hay alguna finca muy afectada, como una de 3.000 metros cuadrados
El Ministerio de Medio Ambiente y Acuaespaña (antigua Acuanorte) iniciarán dentro de una semana, el martes 6 de agosto, este proceso expropiatorio, si bien lo hacen por Poio y Sanxenxo, donde el trámite es más breve y dejan para el final la actuación en Pontevedra, donde se han habilitado ocho horas y media al día durante ocho días (espaciados entre el 7 y el 22 de agosto) para recibir a los 400 afectados.
Recurso desestimado
Este proceso se produce después de que la Secretaría General de Medio Ambiente haya desestimado uno de los recursos formulado por la comunidad de montes de Mourente, una de las más críticas con el proyecto por incluir un depósito cerca de un yacimiento arqueológico. Este colectivo recurrió este diseño con una petición complementaria de que se paralizara cautelarmente todo el proceso, demanda que rechaza ahora el ministerio.
Mourente pretendía, y aún intenta, que sea trasladado el citado depósito y para ello están dispuestos a ceder el uso de un solar específico para ello, más alejado del castro. En todo caso, Acuanorte ha activado el proceso de las expropiaciones aunque limitado a estos tres municipios ya en una segunda etapa se definirán las actuaciones, y los terrenos necesarios, para Marín y Vilaboa.
El plan global cuenta con un presupuesto final de 33 millones de euro de los que 23,1 proceden de fondos FEDER y el resto es aportado por Acuaespaña y, sobre todo, los municipios implicados.
