La crítica situación económica que afecta a Clesa, y por consiguiente a su fábrica de Caldas, podría ser menos mala si los administradores logran cancelar varios acuerdos firmados durante los dos últimos años de gestión de Nueva Rumasa. La gestión concursal ha detectado un conjunto de operaciones valoradas en más de 150 millones de euros y tres hipotecas constituidas por un valor superior a 10,12 millones de euros que pueden ser objeto de rescisión, algo que si se materializa permitiría su reintegración a su activo.
El informe de los administradores concursales de Clesa recoge que estas operaciones se produjeron durante los dos años anteriores a la declaración del concurso de acreedores, por lo que son actos posiblemente rescindibles. Se trata de operaciones que consisten en garantías personales y reales constituidas por Clesa a favor de sociedades del mismo grupo y, en algún caso, de terceros.
Entre las operaciones que la administración concursal ha incluido en este capítulo destacan por su importe las constituidas por Clesa a favor de diversas entidades que poco tendrían que ver con el negocio lácteo. Serían a favor de Acapulco Property, frente a cualquier tercero, por importe de 56 millones de euros; la otorgada a Puertomontino, frente a cualquier tercero, hasta un límite de 30 millones; o la dada a favor de Santander Factoring Occidental, por valor de hasta 24,9 millones. Asimismo, la familia Ruiz-Mateos también concedió garantías por valor de 2 millones de euros a favor de Perfil Inmobiliario Extramuros ante Bankpime y, por el mismo importe, a Quesería Menorquina ante Sa Nostra Caixa de Balears.
Otras empresas del grupo Nueva Rumasa que recibieron estas garantías fueron Carcesa en seis operaciones por importe de 3,6 millones de euros y Grupo Dhul en cuatro actos por un importe conjunto de 12, 3 millones. Los administradores también destacan las garantías concedidas por Clesa a favor de Inversions Caybon por un monto de 2 millones de dólares
Por otro lado, el informe detalla, además, una serie de hipotecas constituidas dos años antes de la declaración del concurso que puede ser susceptible de rescisión, y que en conjunto suman un importe de 12,3 millones. Los administradores concursales explican que la decisión de ejercitar o no la acción de reintegración de estas garantías y de otras debe adoptarse en términos de utilidad para el concurso, es decir, valorando "si la rescisión supone en la práctica, y no en la teoría, alguna ventaja para los acreedores concursales".
Recta final
La medida que están barajando los administradores concursales se conoce en plena recta final del plazo que ellos mismos comprometieron para anunciar una solución para la fábrica de Saiar. Los gestores concursales afirmaron en la reunión que mantuvieron con los representantes de Feiraco y de la Xunta, a finales de diciembre, que antes de que concluyese la primera quincena de enero comunicarían una decisión.
El plazo, por tanto, concluye este domingo. Por el momento los trabajadores siguen sin conocer las intenciones de los administradores. Desde el Gobierno gallego, que avala la oferta de Feiraco, indicaron este pasado lunes que no había novedades en cuanto a posibles avances.
