El derribo parcial del hotel Gran Proa de Raxó da otra vuelta de tuerca. Los propietarios han vuelto a conseguir otro aplazamiento, esta vez recurriendo por vía judicial el acuerdo de adjudicación de la empresa que realizaría la obra. A pesar de que la sentencia de demolición es firme, los técnicos no pudieron realizar ayer la medición que había sido programada como paso previo a la ejecución de la sentencia.
Ésta estaba marcada para ayer por la mañana, pero la negativa de los responsables del establecimiento a dejarles entrar evitó que el proceso avanzase. Y es que desde al Ayuntamiento se había solicitado un escrito judicial que autorizase la entrada en el inmueble aun en caso de que los dueños lo tratasen de impedir. Pero no llegó a tiempo. A ello se le une la nueva maniobra legal por la que han optado los empresarios hoteleros.
Con la intención de seguir dilatando el derribo, que afectaría a la cubierta y a la quinta planta, han iniciado un procedimiento contencioso en un juzgado de Pontevedra en el que argumentan que la adjudicación de la empresa no se realizó correctamente. En un primer momento el Concello eligió a una firma y luego esta renunció.
La escogida fue la siguiente en la lista del concurso. En el gobierno local sostienen que la elección se ajusta a derecho y en el hotel consideran que se tendría que poner en marcha un nuevo proceso de adjudicación.
Orden vigente
Entre tanto, los asesores legales de la administración local han recomendado esperar a que se admita o no esa alegación. En caso de que sea estimada y si finalmente un juez les da la razón, únicamente se tendría que repetir la adjudicación, ya que la orden de derriba, contra la que no cabían más recursos, seguirá vigente.
La ejecución del proyecto de derribo parcial supondrá una gasto de más de 87.000 euros, aunque el presupuesto de licitación ascendió a 134.000 euros. El Concello sacó a concurso la obra en abril de 2010, siendo adjudicada a una primera empresa unos meses más tarde, algo que se repetiría también semanas más adelante.
El litigio comenzó en los años 90, y ya 1993 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había ordenado el derribo parcial del establecimiento por exceso de edificabilidad. Casi 20 años y después de un carrusel de recursos y alegaciones, pese a esta último intento por alargar el proceso, parece que la piqueta se encargará finalmente de eliminar los 500 metros cuadrados construidos excediendo la licencia inicial.
