La atomización del territorio, con parcelas subdividas en manos de múltiples propietarios, es uno de los problemas para la gestión del suelo y la ordenación forestal que arrastra Galicia desde hace décadas, y que iniciativas como la Lei de recuperación da terra agraria pretenden revertir, fomentando por un lado la actividad económica y evitando los incendios. Otra normativa de rango autonómico, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, obliga a la gestión de la biomasa vegetal y a la retirada de especies arbóreas en las áreas de protección de núcleos y viviendas. Tras llevar a cabo inspecciones durante los meses de junio y julio, al inicio del verano, el Concello de Ourense ha identificado un total de 1.469 fincas que, al menos en el momento de la comprobación, se encontraban sin limpiar, y de las que se no se sabe quién es la persona responsable.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, firma una notificación a los titulares desconocidos del requerimiento para recordar el cumplimiento de la obligación. La comunicación, que incluye un amplio listado con la referencia catastral y los datos de localización, el polígono y la parcela, se da por cumplida con el anuncio en los boletines públicos, “dado que los titulares de los bienes son desconocidos y resulta imposible su notificación”. Este lunes se cursó el trámite en el Diario Oficial de Galicia.
La resolución, firmada por el regidor de Ourense con fecha del pasado 17 de septiembre, otorga “un plazo máximo de 15 días naturales para el cumplimiento voluntario para gestionar la biomasa en la parcela citada, que se iniciará al día siguiente al de la recepción de esta notificación”.
En caso de que el incumplimiento persista, lo que no es de extrañar dado el olvido de las parcelas por propietarios que en algunas ocasiones ni saben que lo son, “el Ayuntamiento procederá sin más trámites a la ejecución subsidiaria, con repercusión de los costes de gestión de la biomasa y, en su caso, decomiso de las especies arbóreas prohibidas retiradas por la administración”, advierte la notificación.
Todo ello “sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador que corresponda”, en el supuesto de “persistencia en el incumplimiento”, con una multa de un máximo de 1.000 euros por una infracción leve y de 100.000 por una grave.
Además, el Concello recuerda que los titulares “tendrán la obligación legal de facilitar el necesario acceso para la realización de los trabajos de gestión de biomasa y retirada de las especies arbóreas prohibidas. El sujeto que realice los trabajos de ejecución subsidiaria tendrá la facultad de acceder sin consentimiento de la persona titular, excepto en los supuestos excepcionales contemplados legalmente, cuando el acceso afecte, dentro de la parcela, a espacios físicos susceptibles de merecer la calificación de domicilio a efectos del artículo 18.2 de la Constitución”.
El Ayuntamiento avisa de que “en caso de proceder a la ejecución subsidiaria, se procederá a la liquidación provisional de los costes a que previsiblemente dará lugar, con advertencia de que se procederá a su exacción inmediata en caso de persistencia en el incumplimiento, tras el transcurso del plazo otorgado, sin perjuicio de la liquidación definitiva una vez finalizados los trabajos, en su caso”. La notificación publicada en el DOG incluye una cantidad estimada para cada una de las 1.469 fincas.
